El documento al que tuvo acceso Prensa Latina, reafirma que el país andino amazónico ha asumido un compromiso firme y sostenido contra estos flagelos, y que además se cumplan las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Tales medidas son evaluadas periódicamente por esta entidad o los denominados organismos regionales, como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Precisamente, en este contexto, se creó el Conal, encargado de diseñar las políticas de Estado inherentes a este tema, agrega el texto.
Añade el escrito que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) se constituye en el brazo técnico-operativo del Conal, encargada del análisis financiero y patrimonial, además de ser un ente estratégico en la cooperación con organismos internacionales e instituciones del sector público y privado en la lucha contra los mencionados delitos.
Informa que, luego de tres evaluaciones previas, realizadas en los años 2002, 2006 y 2011, Bolivia enfrentó la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua entre 2022 y 2023.
Según la fuente, el Informe de la Evaluación Mutua (IEM), aprobado en diciembre de 2023, reconoció el trabajo del Estado boliviano, con el Conal a la cabeza, por sus avances significativos en la identificación y comprensión de los riesgos de LA y el FT, con un cumplimiento de más del 70 por ciento de las recomendaciones del GAFI.
Pese a estos buenos resultados, fueron identificados desafíos, particularmente en la efectividad del sector no financiero y en la investigación y persecución penal del Lavado de Activos.
En este contexto, se ejecutaron 231 tareas específicas, centradas en la capacitación del sector público y privado, la modernización de procesos, la supervisión y designación a nuevos sujetos obligados (abogados, contadores, inmobiliarias, comerciantes de metales y piedras preciosas), la mejora de la inteligencia financiera, el fortalecimiento de las investigaciones y el decomiso de activos, entre otros.
Sin embargo, pese a estos y otros avances, persisten desafíos que llevaron a la incorporación de Bolivia en la denominada lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (Lista Gris) en junio de 2025.
Con estos antecedentes, ahora se trabaja con énfasis en el objetivo de subsanar la falta de normativa respecto a las técnicas especiales de investigación, punto crítico observado por el organismo internacional, frenado en 2022 por el sabotaje opositor en la Asamblea Legislativa Plurinacional, concluye la nota institucional.
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