La iniciativa se articula con el llamado Objetivo de Desarrollo Sostenible 18 (ODS 18), creado por Brasil para complementar la Agenda 2030 de Naciones Unidas y busca transformar la lucha contra el racismo en una política de Estado permanente.

Tal medida fue firmada por los ministerios de los Pueblos Indígenas, de Igualdad Racial y la Secretaría General de la Presidencia, y estará bajo seguimiento continuo de la Comisión Nacional para los ODS.

La disposición establece 10 metas que abarcan desde el mundo del trabajo y la justicia hasta la salud, la educación y la representación política, todas con indicadores sociales y económicos que permitirán medir avances concretos en la reducción de desigualdades raciales.

En el ámbito laboral, el ODS 18 instituye la eliminación del racismo en los espacios de trabajo, lo que implica monitorear la desigualdad salarial, las tasas de informalidad y la participación de indígenas y afrodescendientes en cargos de liderazgo.

De igual manera, en el frente de la seguridad, la ordenanza enfatiza el combate contra todas las formas de violencia, incluyendo homicidios, feminicidios y crímenes de odio, con un desglose detallado por raza y color.

El acceso a la justicia y la reducción de las desigualdades en el sistema penitenciario también forman parte del plan, junto con la promoción de la representación indígena y afrodescendiente en cargos públicos, empresas y órganos decisorios.

Además, el documento incorpora la reparación histórica de las pérdidas territoriales, culturales y ambientales, un reclamo histórico de quilombolas (afrobrasileños) y pueblos originarios.

Otro eje está relacionado con la vivienda y los servicios básicos. El Gobierno plantea ampliar el acceso a moradías dignas, agua, saneamiento y otros servicios públicos, en paralelo con el fortalecimiento del derecho a una atención sanitaria de calidad, respetuosa de las culturas y de los saberes tradicionales.

En educación, el objetivo es garantizar un sistema inclusivo y antirracista que reconozca y valore la diversidad lingüística y cultural de Brasil.

Asimismo, el reconocimiento de los conocimientos tradicionales y la participación de comunidades indígenas y afrodescendientes en las decisiones sobre biodiversidad y distribución de beneficios se incorporan como compromisos estatales.

Finalmente, el plan destaca la necesidad de combatir la xenofobia y ampliar la protección de personas migrantes con identidades indígenas o afrodescendientes, un fenómeno cada vez más visible en los flujos migratorios regionales.

Las metas del ODS 18 responden a una realidad marcada por el racismo estructural.

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