El grupo defensor Climate Conflict Action calificó la decisión como un paso hacia la seguridad ciudadana, pero advirtió que la legislación vigente resulta insuficiente, al permitir a civiles portar armas en espacios públicos y registrar múltiples equipos.

Según datos oficiales, el 99 por ciento de los crímenes con armas de fuego en el país están vinculados a dispositivos sin registro o con licencias vencidas.

En 2025, la Policía Nacional informó de 545 mil permisos revocados, sin cifras completas sobre armas no registradas.

En ese sentido, la organización instó al Congreso a restringir el uso civil al ámbito doméstico, crear un equipo especial contra el tráfico ilegal y destruir de inmediato las armas incautadas para evitar su retorno al mercado negro.

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