Mediante un comunicado, el Ejecutivo señaló que la decisión se tomó en atención a los informes presentados por la Prefectura de Azuay y del municipio de Cuenca sobre los riesgos que representaría el proyecto para el agua en una de las mayores ciudades del sur del país.

A su vez, el Gobierno dijo que serán precisamente esos gobiernos locales los que “deberán responder por la veracidad, consistencia y responsabilidad técnica de los informes que han puesto en consideración del Gobierno central”.

Quimsacocha es un área ubicada a 35 kilómetros de la ciudad de Cuenca que desde 2012 fue declarada como un Área de Recreación Nacional que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, catalogó, en su red social X, la decisión del Gobierno como “un inmenso logro” dada la lucha de los habitantes de esa urbe en defensa de los recursos naturales, incluida la masiva participación de unas 100 mil personas en la marcha por el agua del pasado 16 de septiembre.

Además, Zamora pidió que el Gobierno revierta completamente la concesión minera y declare a Quimsacocha como zona de máxima protección ambiental.

Esta semana la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) junto a más de 200 defensores del agua denunciaron que la compañía canadientes Dundee Precious Metals habría contaminado afluentes en la zona de Quimsacocha.

Las comunidades constataron excavaciones, cerramientos con alambres y la presencia de desechos contaminantes en uno de los afluentes que desemboca en el río Tarqui y esos hallazgos fueron entregados como prueba de daño ambiental al gobernador de la provincia de Azuay, Xavier Bermúdez.

El excandidato presidencial Yaku Pérez advirtió que suspender la licencia no es suficiente, porque “eso quiere decir que mañana, el mismo gobierno u otro gobierno, o hasta la misma empresa, puede volver a hacer minería en Quimsacocha.

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