La ministra encargada, Irene Vélez, declaró que esta decisión constituye un paso histórico para proteger el pulmón del planeta y garantizar que la Amazonía no llegue al punto crítico de no retorno, escenario en el cual el ecosistema perdería su capacidad de regeneración y se desencadenarían procesos irreversibles de degradación.

“La Amazonía es el corazón de la vida: regula el agua y el clima, y es epicentro de biodiversidad, a nivel nacional y mundial. Son más de 483 mil kilómetros cuadrados, el 42 por ciento de nuestro país”, afirmó la funcionaria.

El objetivo, señaló, es restringir las actividades extractivas convencionales en departamentos como Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía y Vaupés.

“Lo hacemos para evitar la pérdida y degradación de bosques; el acaparamiento hídrico y la contaminación de nuestros ríos; la acumulación de impactos ambientales surgidos por décadas de explotación industrial de hidrocarburos y, en menor medida, la minería en la Amazonía”, remarcó.

Según el Ministerio, el Bioma Amazónico enfrenta crecientes presiones derivadas de la minería y los hidrocarburos que generan impactos acumulativos y riesgos estructurales.

Alertó que la apertura de infraestructura en departamentos como Putumayo y Caquetá potenció de manera directa e indirecta la deforestación, la fragmentación de los ecosistemas y la pérdida de cobertura boscosa, al tiempo que disminuye la calidad del agua y degrada los suelos.

Estos efectos, al interactuar con el cambio climático, se amplifican en cascada, y dañan la seguridad hídrica, alimentaria y la gobernanza territorial del país, refirió la cartera.

El proyecto, sobre el que se podrá opinar durante los próximos 15 días, respeta las situaciones consolidadas y establece un régimen de transición, acotó la fuente.

Por eso, los títulos o contratos vigentes que tengan licencia ambiental, podrán ejecutarse hasta el término establecido.

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