En su comunicado, la cartera alertó que la propuesta mantiene la intermediación financiera y el manejo discrecional de los recursos de la salud del pueblo por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), pese a las evidencias sobre la creciente insolvencia de esas entidades, la ineficiencia en la gestión del gasto y la enorme deuda con centros de atención.

Advirtió que, en cambio, premiaría a las EPS con el pago de sus deudas con los impuestos del pueblo durante los próximos cinco años y un punto del Producto Interno Bruto.

“Esto significaría perpetuar un modelo de intermediación que concentra y devora los recursos sin controles efectivos, acelerando el colapso del sistema de salud y dejando en segundo plano la atención oportuna, la prevención y la vida de los colombianos”, alegó la comunicación.

También estimó que, de aprobarse el proyecto, el Consejo Nacional de Salud, cuya naturaleza es consultiva, sustituiría las funciones constitucionales de la cartera ministerial.

Por otra parte, acotó que niega el régimen especial para proteger los derechos de los trabajadores de la salud aprobado por la Cámara de Representantes al desconocer la necesidad de formalización laboral y condena a los empleados a continuar en condiciones laborales de precariedad.

Según el Ministerio, al quitar los recursos para financiar el pago por maternidad a mujeres no cotizantes, la propuesta afectaría a 300 mil madres en situación de vulnerabilidad y sus hijos recién nacidos pues ya no recibirían medio salario mínimo por tres meses.

Remarcó asimismo que obliga al Gobierno nacional a conseguir recursos adicionales para financiar la atención primaria, el subsidio a la oferta, el plan de intervenciones colectivas, el fortalecimiento de la red pública y los servicios sociales complementarios, trasladando cargas fiscales adicionales al Estado.

La comunicación aseguró que, en virtud “de los retrocesos que contiene la Ponencia Alternativa”, la cartera seguirá insistiendo por una reforma que ponga en el centro la vida de las personas, que asegure el uso transparente y eficiente de los recursos y que materialice el derecho fundamental de la salud.

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