Según la Conaie, Efraín Fueres, de 46 años, murió por disparos militares en la carretera Panamericana Norte, provincia de Imbabura, en medio del paro nacional convocado en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras políticas del Ejecutivo.

La organización denunció una «masacre en curso», pidió la intervención de organismos internacionales y afirmó que policías y militares disparan con armas letales contra comunidades indígenas.

Esta tarde la organización denunció un operativo de represión en la parroquia La Esperanza, en la misma provincia de Imbabura, en la sierra norte del país, donde se registra un amplio despliegue de fuerzas militares y policiales.

La Conaie afirmó que los uniformados habrían disparado incluso al interior de viviendas y responsabilizó directamente al presidente Daniel Noboa por graves violaciones a los derechos humanos.

En relación con el suceso donde murió Fueres, el Ejecutivo aseguró que estructuras delictivas infiltradas en las protestas atacaron a las Fuerzas Armadas.

«No confundamos a los manifestantes pacíficos con quienes se infiltran para delinquir. Lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas», indicó la ministra de Gobierno, Zaida Rovira.

La funcionaria reportó 12 militares heridos y 17 desaparecidos, e insistió en que «con los manifestantes, diálogo y garantías; con el crimen organizado, ley y firmeza».

El movimiento Revolución Ciudadana (RC), de oposición, cuestionó el «silencio» del presidente Daniel Noboa sobre lo ocurrido a Fueres mientras ejercía su legítimo derecho de protestar en favor de sus derechos.

«¿Fue esta brutal represión una orden directa? Si no es así, el Gobierno tiene la obligación de repudiar lo ocurrido y disponer una investigación, sancionando a los responsables», añadió la RC en un comunicado.

Desde Naciones Unidas, Gina Romero, relatora especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias.

Las protestas, que cumplen una semana, mantienen bloqueadas carreteras en varias provincias, fundamentalmente en el norte.

El presidente Noboa ha reiterado que no dará marcha atrás con la eliminación del subsidio al diésel y señaló que hay informes de inteligencia sobre personas que participan en el bloqueo de vías que reciben dinero de grupos delincuenciales.

«Ahora vemos que muchos están conectados a la minería ilegal, con el crimen organizado. Hemos visto a miembros del Tren de Aragua, narcoterroristas que lanzan piedras a los policías», dijo el presidente, para quien de esa manera «la protesta deja de ser social y pacífica, y se vuelve violenta».

La Conaie y los manifestantes rechazaron ese tipo de declaraciones del gobernante que, según consideran, busca criminalizarlos.

otf/avr