La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) confirmaron la muerte del indígena Efrain Fueres en la mañana de este domingo por impactos de bala, tras un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en la provincia de Imbabura.
La entidad castrense se pronunció respecto a lo ocurrido y señaló que el enfrentamiento se generó luego del ataque de manifestantes a un convoy custodiado por militares con alimentos destinados a abastecer a las zonas de la sierra norte, epicentro de las protestas de los últimos días.
El mensaje publicado en la cuenta de X de las Fuerzas Armadas añade que “la protesta no es pacífica” y como resultado del ataque hay 12 militares heridos y 17 retenidos en el cumplimiento de su misión, “emboscados por grupos terroristas infiltrados en Cotacachi”.
Inredh, por su parte, rechazó el “uso letal e ilegítimo de la fuerza” contra quienes participan en las movilizaciones.
La Fiscalía General del Estado anunció la apertura de una investigación de oficio por el asesinato de Fueres y aseguraron que la misma se realizará “con base en protocolos internacionales”, tras difundirse videos y testimonios que señalan a uniformados como responsables del crimen.
Desde Naciones Unidas, Gina Romero, relatora especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, expresó su preocupación por la situación en Ecuador.
Alertó sobre el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias, y afirmó que el gobierno del presidente Daniel Noboa “parece haber emprendido una persecución contra la sociedad civil, los movimientos sociales y la protesta en el país”.
“Protestar es un derecho, no puede costar la vida”, escribió Romero.
Noboa ha reiterado que mantendrá la eliminación del subsidio al diésel, detonante de las protestas que este domingo cumplen siete días y mantienen cerradas 19 carreteras en las provincias de Imbabura, Pichincha y Zamora Chinchipe.
En una entrevista con el canal Ecuavisa, el mandatario señaló que la Policía y el Ejército se encargarán de retomar el orden y mencionó que hay informes de inteligencia sobre personas que participan en el bloqueo de vías que reciben dinero de grupos delincuenciales.
La Conaie y los manifestantes rechazaron ese tipo de declaraciones del gobernante que, según consideran, busca criminalizarlos.
“El gobierno de Noboa ha desatado una cacería sangrienta contra el pueblo. Militares y policías disparan balas reales, dinamita y armamento letal contra comunidades indígenas. Esto es una masacre planificada, un crimen de Estado que ya deja un hermano asesinado, decenas de detenidos y heridos de gravedad”, denunció la organización.
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