El organismo impuesto por Washington al gobierno puertorriqueño y que actualmente solo cuenta con un solo miembro, luego de que el presidente estadounidense Donald J. Trump despidiera a los seis restantes, estableció que para implementar el Plan de Ajuste propuesto de la AEE requiere que su red y sus plantas generatrices sean manejadas por operadores privados.

«Dada la relevancia del contrato de operación y mantenimiento en el caso del Título III, la Junta de Supervisión Fiscal apoya la postura de que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico tiene jurisdicción sobre la materia de este procedimiento y es el foro apropiado para decidir el asunto», argumentó el organismo en declaraciones escritas.

El ente creado mediante la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), anticipó que no tomará una posición sobre señalamientos recientes de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) sobre los términos del contrato de operación y mantenimiento firmado con el consorcio canadiense-estadounidense LUMA Energy.

La AAPP, presidida por Josué Colón, notificó a LUMA que ha iniciado un proceso para cancelar el contrato al alegar que la empresa ha incumplido con múltiples disposiciones contractuales.

La cancelación del acuerdo es una promesa de campaña de la gobernante puertorriqueña Jenniffer González, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), miembro ex officio de la JSF.

«La AAPP seleccionó a LUMA y sigue siendo responsable de hacer cumplir las condiciones del contrato, pues la Junta de Supervisión revisó y aprobó el acuerdo bajo su política de revisión de contratos de conformidad con Promesa para asegurar que el proceso de adquisición promoviera la competencia en el mercado y que los términos fueran consistentes con el Plan Fiscal de la AEE independientemente del operador seleccionado», sostiene la JSF.

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