“Recibo noticias preocupantes sobre la represión violenta de las movilizaciones pacíficas en Ecuador. Las personas tienen derecho a defender los derechos humanos, el Estado debe abstenerse de cualquier represalia en su contra por ejercerlo”, manifestó Lawlor en su cuenta de X.
La experta etiquetó a la cancillería y a la oficina de la ONU en Ginebra para dar seguimiento a la situación de la nación sudamericana, donde hoy se cumple una semana de protestas promovidas por el movimiento indíígena contra la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel.
Recibo noticias preocupantes sobre la represión violenta de las movilizaciones pacíficas en #Ecuador. Las personas tienen derecho a defender los derechos humanos, el Estado debe abstenerse de cualquier represalia en su contra por ejercerlo @ONUGinebraEC @CancilleriaEc pic.twitter.com/Tcl4gWZbzq
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) September 29, 2025
La también relatora especial de la ONU Gina Romero, especialista en temas de libertad de reunión pacífica, se pronunció sobre la actuación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en las manifestaciones, “lo cual es contrario a los estándares internacionales del derecho a la reunión, inclusive en estados de excepción.”
“¡Alto el fuego contra manifestantes! Protestar es un derecho, no puede costar la vida”, afirmó Romero en un mensaje publicado luego de confirmarse la muerte de un manifestante indígena en la provincia norteña de Imbabura.
Asimismo, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU denunció que la respuesta estatal a las protestas incluyó malos tratos a detenidos y persecución a defensores de derechos humanos.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó, hasta ahora, 109 violaciones a los derechos, 48 heridos, 100 detenidos y un fallecido, además de interrupciones en la telefonía móvil e internet en localidades de Imbabura.
La Organización Mundial Contra la Tortura se sumó a las voces que exigen al Estado ecuatoriano cesar de inmediato el uso excesivo de la fuerza, investigar de manera independiente la muerte de Fueres, garantizar los derechos de los detenidos y revisar el estado de excepción vigente.
En los últimos días, miles de manifestantes -entre ellos pueblos indígenas, estudiantes, sindicatos y representantes de diversos colectivos sociales- han salido a las calles en diferentes provincias del país.
El Gobierno de Ecuador defendió la actuación de las Fuerzas Armadas ante las manifestaciones, a pesar de las denuncias de violaciones de derechos humanos, y la portavoz gubernamental reiteró que “no vamos a negociar y no vamos a retroceder”.
La administración del presidente Daniel Noboa considera que las manifestaciones son “actos terroristas disfrazados de protestas” y acusó al movimiento indígena de tener vínculos con el crimen organizado.
En rueda de prensa este lunes, el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, insistió en que esa organización no es terrorista ni es financiada por las mafias del narcotráfico.
“Si hay caos en Ecuador el único responsable será usted (Noboa). No queremos que se repita lo de 2019 y 2022. Estamos en capacidad de luchar”, dijo Vargas que demandó del Gobierno un “alto al fuego” para poner fin a la “masacre”, en alusión a la actuación militar contra población civil.
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