La Alta Representante precisó que, de no aprobarse esta medida, la asistencia financiera a Kiev sería costeada por los contribuyentes europeos.

Aún no existe consenso sobre el crédito reparatorio, confirmó Kallas a los medios acreditados.

Reconoció así las divisiones que persisten dentro del bloque comunitario.

Analistas financieros consideran que esta advertencia busca presionar a los países renuentes. Especialistas en derecho internacional cuestionan la legalidad del uso de esos fondos incautados.

Fuentes diplomáticas señalan que Hungría y otros Estados mantienen serias reservas sobre el mecanismo y temen las consecuencias jurídicas y económicas de una medida sin precedentes.

La propuesta implica utilizar los beneficios generados por los activos rusos bloqueados para un crédito a Ucrania.

El plan requiere la aprobación unánime de los veintisiete miembros.

Kallas enfatizó que la alternativa sería una mayor carga fiscal para los ciudadanos europeos, mientras la discusión sobre la financiación de la reconstrucción ucraniana sigue abierta.

La Unión Europea (UE) inmovilizó alrededor de 210 mil millones de euros del Banco Central ruso y sus técnicos estudian opciones para emplear estos recursos sin violar la normativa.

El Ministerio de Exteriores de Rusia tildó de robo la inmovilización de esos activos y señaló que la UE apunta no sólo al dinero de inversionistas particulares, sino también a los activos soberanos de Rusia.

El titular de esa cartera, Serguéi Lavrov, advirtió sobre las consecuencias a los países occidentales si confiscan los activos rusos y subrayó que su Gobierno responderá simétricamente con los activos occidentales congelados en Rusia.

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