Identificó el Ministerio Público a esos otros individuos cono Marvel J. V. O. y Daniela A. D., quienes al igual que Flores se encuentran aprehendidos.

“Se ha recopilado información del perfil económico de los tres sindicados (…) de las transacciones que se ha realizado, se ha podido percibir que habría depósitos por parte de funcionarios de Emapa”, aseguró el fiscal departamental paceño, Luis Carlos Torrez, en conferencia de prensa.

De acuerdo con pesquisa, las irregularidades se originan en el proyecto de construcción de una planta de transformación y almacenamiento de papa en el municipio de El Alto.

Esa obra fue ejecutada en una superficie de 2,5 hectáreas, cedida en 2022 mediante un convenio con la Alcaldía, pero sin que Emapa consolidara legalmente el derecho propietario del predio.

“Más de dos años después de la firma del convenio, Emapa no ha consolidado su derecho propietario sobre el predio. Es decir, que se ha construido (Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa) en terrenos que no pertenecen a Emapa”, explicó Torrez en conferencia de prensa.

Dentro de la investigación iniciada tras una denuncia del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, la Fiscalía analizó los perfiles económicos de los tres procesados, entre 2022 y 2025.

En el caso de Flores, percibió legalmente un ingreso acumulado de 700 mil bolivianos (unos 100 mil dólares), pero presentó un excedente no justificado de 209 mil 150 bolivianos (casi 30 mil dólares), además, se confirmó que otros funcionarios realizaron depósitos en su cuenta personal.

Por su parte, Marvel J. V. O., exgerente administrativo y financiero, registró un incremento patrimonial de 1,3 millones de bolivianos (185 mil dólares), fuera de su perfil económico.

Adicionalmente, poseía cuatro vehículos, uno de ellos pagado en su totalidad en efectivo.

Se atribuye a él la autorización de los pagos internos en Emapa.

Igualmente, Daniela A. D., quien ejercía como fiscal de obra, no supervisó adecuadamente el cumplimiento legal respecto al terreno donde se levantó la planta, pese a que le incumbía esa tarea.

Asimismo, firmó dos informes técnicos sobre contratos modificatorios sin realizar observaciones, y además se identificó un incremento injustificado en su patrimonio de 61 mil 290 bolivianos (unos nueve mil dólares), al margen de que en sus cuentas bancarias se detectaron depósitos realizados por otros funcionarios.

Los tres aprehendidos son investigados por enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

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