Mediante un informe reportó mil 250 en lo que va del 2025, lo que proyectó como un año de alta incidencia y evidencia de una respuesta estatal insuficiente, describió el diario Prensa Libre, cuando indígenas refieren por otra parte el alto número de documentos falsos.

Cuando estos hablan de la necesidad de dar seguimiento a la certeza jurídica sobre la tierra, Acdepro consideró la situación difícil para miles de propietarios en todo el territorio nacional y llamó a implementar un protocolo de desalojo unificado y vinculante.

A nivel departamental, mencionó, esta capital encabeza la lista con dos mil 799 denuncias (21,13 por ciento), seguido por Huehuetenango mil 361 (10,28) y San Marcos mil 147 (8,66 por ciento).

Casos como la finca Canasec (15 años invadida), finca Santa Rosita (nueves) y finca El Sauce (8 años) ejemplifican la situación del problema en regiones como Alta Verapaz, Izabal y Baja Verapaz, describió en el texto.

Identificó como principales obstáculos para los desalojos la corrupción, la influencia del crimen organizado, la lentitud y el costo de los procesos judiciales y el uso de niños y mujeres como “escudos humanos”.

Además, la falta de coordinación entre instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Analistas del tema, sin embargo, advirtieron que en los últimos años se introdujeron la caña, el café, el monocultivo principalmente, la palma africana, lo cual está quitando todo el suelo a la siembra del maíz.

Además, que el desalojo en Guatemala ha sido una política de Estado para responder a los intereses de los grupos dominantes, de esa pequeña élite oligárquica en el país.

Estaban programados 55 desalojos en los primeros meses del 2025, los que no se lograron porque el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, jugó su papel, reconoció el dirigente indígena Domingo Hernández.

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