La aceleración del proceso de aprobación de esa legislación fue solicitada por el presidente Yamandú Orsi a los partidos representados en el Parlamento, como respuesta al atentado el domingo último contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero, que se atribuye al crimen organizado.

El senador y coordinador de la bancada oficialista, Daniel Caggiani, dijo en rueda de prensa que esta decisión fue comunicada a los coordinadores de la oposición, del Partido Nacional y el Partido Colorado.

“La ley integral de lavado de activos de 2018 es muy buena, pero hemos tenido algunos retrocesos desde entonces”, dijo Caggiani, y citó modificaciones introducidas en la ley de urgente consideración del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.

Al respecto recordó el aumento del monto máximo para hacer negocios y transacciones en efectivo, que subió a 140 mil dólares, y que ahora se busca reducir a 40 mil dólares.

“Hay que perseguir lo más importante que es el negocio o el dinero de estas organizaciones”, dijo sobre el crimen organizado y el narcotráfico.

En Uruguay caen narcotraficantes y cargamentos, pero nos cuesta llegar al dinero, agregó.

Reconoció que falta mucho para avanzar en el enfrentamiento al lavado de activos. “En los últimos años solo hubo ocho imputados por estos temas”, acotó.

Enfatizó que los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo establecen mayores controles y contemplan delitos precedentes al lavado de activos.

Desde la oposición, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, consideró que la votación de la propuesta de ley resulta “una cortina de humo” del oficialismo “para hacerle creer a la población que se persigue al narcotráfico”, tras el ataque a Ferrero.

El Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, no así en la Cámara de Diputados, donde necesita de dos votos adicionales.

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