El presidente de la organización, Marlon Vargas, señaló que al concluir el encuentro —que se desarrolla a puertas cerradas—, se informará sobre las resoluciones adoptadas en el marco del paro nacional.

Marcelo Negrete, líder del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), reconoció que existen un intento de división de parte del Gobierno con ofrecimientos.

La presidenta de la Confederación del Movimiento Kichwa Cayambi, Denise de la Cruz, se refirió al descontento de su pueblo con las políticas gubernamentales, particularmente en relación con la entrega de bonos y otras ayudas.

Según de la Cruz, los bonos y los tractores prometidos no han llegado a las comunidades, sino que solo se ha entregado un «cartón» a los supuestos beneficiarios.

La dirigente indígena interpretó esa acción como un intento de “comprar las conciencias” de sus compañeros, señalando que la falta de materialización de estas ayudas es una de las razones por las que se han sumado al levantamiento.

Las protestas, que causaron un muerto y decenas de detenidos e investigados por terrorismo, se concentraron en la provincia de Imbabura, en la sierra norte, aunque también ha habido manifestaciones en Cotopaxi, Pichincha -cuya capital es Quito-, Azuay, Chimborazo y otros territorios.

Este jueves, en Cañar, en el sur del país, decenas de manifestantes mantienen bloqueada la Panamericana, vía que conecta el austro con la sierra central, y permanecen tanqueros que transportan oxígeno, gas licuado de petróleo (GLP) y combustible.

Paralelamente, en la provincia de Bolívar, militares y policías irrumpieron en comunidades pertenecientes al Pueblo Waranka y lanzó bombas lacrimógenas y de estruendo, denunció la Conaie.

Mientras prosiguen las manifestaciones, el ministro del Interior, John Reimberg, advirtió que serán detenidas las personas que, según el Gobierno, promuevan o financien el paro nacional.

Aunque no mencionó nombres, insinuó que se trata de alguien “que no ha sabido perder”, en aparente referencia a la excandidata presidencial Luisa González, de la Revolución Ciudadana, que manifestó públicamente su apoyo al paro.

Las declaraciones se dan en medio de una escalada de criminalización contra líderes opositores y crecientes denuncias de represión durante las protestas.

Desde la ONU, las universidades y la iglesia católica existen llamados al diálogo en el actual contexto de tensiones, donde el movimiento indígena reclama restituir el subsidio al diésel y otras demandas de mejoras para salud, educación y seguridad.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana ofreció acompañar “el camino hacia el diálogo y la reconciliación”, igual que en los paros de 2019 y 2022 para una salida pacífica a las protestas.

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