Chimbolema, exalcalde por el movimiento Pachakutik, fue arrestado a las afueras de un hospital a donde había acudido para conocer el estado de salud de un manifestante herido en los choques con la fuerza pública, según reportes de medios locales.
Las autoridades lo señalan como presunto financiador de las movilizaciones, al que acusan de brindar apoyo logístico a bloqueos de carreteras y de operar una mina de materiales pétreos sin autorización.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) rechazó el arresto y lo calificó como “persecución política”, pues según la organización, además de Chimbolema, fueron detenidas otras 13 personas en Guaranda.
En ese municipio, este viernes se registraron enfrentamientos entre comunidades y la fuerza pública que dejaron más heridos y denuncias de agresiones a mujeres y niños expuestos a gases lacrimógenos.
El Ministerio del Interior informó que en el país suman ya 102 los detenidos desde el inicio de las movilizaciones, entre ellos cinco venezolanos, tres colombianos y un argentino que fue deportado, además de 11 menores de edad.
Del total de aprendidos, 21 fueron enviados a prisión preventiva, incluidos 12 manifestantes de Otavalo, provincia de Imbabura, procesados por terrorismo, y otros 46 recibieron medidas sustitutivas.
En paralelo, las autoridades confirmaron que 52 policías y militares han resultado heridos en los enfrentamientos.
Las protestas, que cumplen 12 días, mantienen cerradas al menos 15 carreteras en cinco provincias del país.
En Quito, este viernes estudiantes y docentes de la Universidad Central realizaron un plantón en la plaza Indoamérica para rechazar la represión.
“Yo creo que nosotros como parte del pueblo hacia lo que está pasando que nos afecta a todos, que les afecta a nuestros estudiantes, por eso hemos tomado la decisión de autoconvocarnos los docentes de la facultad de artes de la Universidad Central, porque es necesario hacer un pronunciamiento”, dijo la profesora Silvia Brito a medios de comunicación.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos informó que han verificado 183 reportes de abusos de derechos desde el 22 de septiembre hasta el 2 de octubre en el contexto del paro nacional convocado por el movimiento indígena.
La Conaie ratificó la permanencia de las acciones de protesta contra medidas del Gobierno de Daniel Noboa, en particular el aumento del precio del diésel tras la eliminación del subsidio a ese combustible.
En medio de llamados al diálogo por parte de universidades, la iglesia católica y organismos internacionales como la ONU, la vicepresidenta de la organización, Ercilia Castañeda, confirmó que no han existido acercamientos con el Gobierno, que insiste en no dar marcha atrás con la medida.
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