Mediante un comunicado, el Ejecutivo subrayó que tiene un enorme compromiso con el desarrollo local y comunitario, uno que respete la Constitución de forma transparente, sin atajos que vulneren principios y comprometan el buen uso de los recursos estatales.

“Debemos contar con presupuestos sólidos, éticos y centrados en el bienestar del pueblo, pero también ejecuciones que nos permitan recobrar la confianza en el Estado”, remarcó.

Uno que, por años, ha sido sometido a redes de corrupción que únicamente han agravado las condiciones de bienestar de las y los chapines, aseveró.

Esta administración trabaja en defensa de la transparencia, la estabilidad fiscal y el Estado de Derecho, así como en la construcción de un país que garantice la dignidad de cada persona, con más y mejores servicios públicos, enfatizó.

Después de analizar el Decreto Número 7-2025, aprobado por el Congreso (el pasado 2 de septiembre), el mandatario, en Consejo de Ministros, frenó el citado decreto al advertir vicios que violan los artículos 2, 119, 154, 171 b) y 238 de la Constitución, describió en el texto.

El Gobierno de Guatemala reconoció la necesidad de garantizar la ejecución de obras públicas para dar respuesta a las necesidades municipales, por lo que explora alternativas a esa propuesta, afirmó.

Aseguró que trabajará con el Legislativo para poder alcanzar acuerdos que persigan el desarrollo local, sin sacrificar los esfuerzos por la transparencia y calidad del gasto público.

Al menos 305 alcaldes firmaron en septiembre último una misiva y la entregaron al Gobierno para que el jefe de Estado firme la propuesta de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

La decisión, a juicio de entendidos, marca un nuevo pulso, ahora entre el Gobierno y los intereses existentes de ciertos diputados y jefes ediles.

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