Mediante un comunicado, las organizaciones originarias pidieron a la población no dejarse manipular por alcaldes y diputados, que hacen su esfuerzo en impulsar acciones populistas, más no objetivas para el desarrollo de las comunidades.
La acción del Gobierno, en este veto, no sólo es por las inconsistencias, inconstitucionalidades y el atentado contra los procedimientos administrativos, sino por intentar concentrar recursos en un año preelectoral, acotaron.
En el cual, agregaron, lamentablemente los proyectos para las comunidades estarán politizados, condicionados y manipulados como botín y clientelismo para las votaciones.
Tras la decisión la víspera del mandatario, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, publicó en su perfil en la red social X que respetaba lo actuado, que se daba en el marco de las facultades; pero rechazaba las razones.
Este, junto a más de 305 de sus homólogos, firmaron en septiembre último una misiva y la entregaron al Ejecutivo para que el jefe de Estado firmara la propuesta de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
“Los animamos a revertir el veto conforme al artículo 179 de la Constitución. El presidente dio la espalda a los municipios”, subrayó Siero.
Analistas advirtieron que la postura de Arévalo marca un nuevo pulso, ahora entre la administración nacional y los intereses existentes de ciertos diputados y jefes ediles.
Las autoridades indígenas de Iximulew (espacio de coordinación y representación de los pueblos ancestrales) exigieron además que se haga justicia a 13 años de la masacre ocurrida en la cumbre de Alaska, departamento de Totonicapán.
Reclamaron a los 160 diputados del Congreso reformar el artículo 13 del Decreto 31-2024 para exonerar del impuesto al valor agregado a la alimentación escolar.
Insistieron en el llamado a liberar a los perseguidos y presos políticos, tanto líderes comunitarios, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, así como operadores de justicia criminalizados por el Ministerio Público.
Instaron, por último, a la cartera de Educación a implementar con claridad el plan de recuperación respectiva de las clases ante los efectos de los más de 100 días de pérdida por la protesta del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala.
jcm/znc
