“La paciencia se nos va a acabar, señor presidente”, afirmó el dirigente al cumplirse el día 13 de protestas contra la decisión del Ejecutivo de eliminar el subsidio al diésel.

Desde la parroquia de Nizag, en Alausí, provincia andina de Chimborazo, Vargas evocó casos históricos de movilizaciones que provocaron cambios de gobierno y dijo que las estructuras indígenas están listas para “tomar decisiones” ante lo que considera ausencia de diálogo estatal.

Marcelo Tupaña, coordinador de organizaciones indígenas de Quito, rechazó “rotundamente la criminalización de la lucha social” y anunció que el próximo 12 de octubre marchará desde La Villaflora, en el sur, hasta el parque de El Arbolito, en el centro norte.

Mientras tanto, las manifestaciones iniciadas el 22 de septiembre, se mantienen en provincias de la sierra ecuatoriana y la amazonía.

Según el monitoreo de la Alianza por los Derechos Humanos, se registraron hasta este viernes 3 de octubre 196 reportes de vulneraciones a los derechos humanos, 110 personas heridas y una persona fallecida, el comunero kichwa Efraín Fuerez.

Además, se reportan 102 detenciones, de las cuales 93 han sido verificadas, y 12 personas desaparecidas temporalmente en el marco de la represión policial y militar.

Los principales derechos vulnerados son el derecho a la protesta y resistencia, la integridad personal, la libertad de expresión y el derecho a defender derechos, de acuerdo con la Alianza.

Las demandas del movimiento indigena incluyen la derogatoria del decreto que eliminó el subsidio al diésel (que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón), la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 12 por ciento, rechazo a la Asamblea Constituyente impulsada por el Ejecutivo, y mayor presupuesto para salud y educación.

Por su parte, el Ministerio del Interior confirmó la detención la víspera del exalcalde de Guaranda Medardo Chimbolema y otros dos funcionarios públicos por paralización de servicios en medio de las protestas.

El impacto económico también crece con el paso de los días, según la Cámara de Industrias y Producción, que reportó pérdidas superiores a 70 millones de dólares, fundamentalmente en sectores como la industria láctea y la floricultura debido al cierres de fincas y rutas de transporte interrumpidas.

La Conaie denunció la criminalización de la protesta, responsabilizó a las fuerzas del orden por el uso excesivo de la fuerza, y anunció más movilizaciones.

“El paro nacional es legítimo y justo: paramos porque todo sube, no hay medicinas, crece la inseguridad y Daniel Noboa gobierna con mentiras, autoritarismo y represión”, afirmó la organización.

Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que las medidas económicas son necesarias y, pese al descontento social, insiste en que no dará marcha atrás con la decisión del diésel

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