Este domingo, en medio de la convocatoria realizada por movimientos sociales para una manifestación contra el Ejecutivo en el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito, simpatizantes del oficialismo también se reunieron en ese espacio para apoyar al mandatario.
Entre los presentes estuvieron la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quien afirmó que no están dispuestos a dialogar con “una minoría” que no representa al país.
Además, criticó a los manifestantes por supuestos actos violentos en aras de “imponer su voluntad”.
En medio de las tensiones, Noboa decretó un nuevo estado de excepción en 10 provincias del país, incluida Pichincha, donde se encuentra la capital, que se suma a una declaratoria similar vigente para los territorios de Carchi e Imbabura.
El anuncio se produjo luego de que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, advirtió a Noboa que las protestas podrían radicalizarse o incluso “tomarse Quito” si no hay soluciones a sus demandas.
“La paciencia se nos va a acabar, señor presidente”, afirmó el dirigente.
Mientras tanto, las manifestaciones iniciadas el 22 de septiembre, se mantienen en provincias de la sierra ecuatoriana y la amazonía.
Según el monitoreo de la Alianza por los Derechos Humanos, se registraron hasta este viernes 3 de octubre 196 reportes de vulneraciones a los derechos humanos, 110 personas heridas y una persona fallecida, el comunero kichwa Efraín Fueres.
Las demandas del movimiento indígena incluyen la derogatoria del decreto que puso fin a la subvención al diésel, la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 12 por ciento, rechazo a la Asamblea Constituyente impulsada por el Ejecutivo, y mayor presupuesto para salud y educación.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que las medidas económicas son necesarias y, pese al descontento social, insiste en que no dará marcha atrás con la decisión del diésel.
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