De acuerdo con la portavoz, esa decisión se basó en un informe de carácter reservado que se sustentó en el artículo 143, numeral 7, de la Ley de Movilidad Humana.

Específicamente ese apartado dice que será deportado quien haya “cometido delitos contra la estructura del Estado constitucional cuya pena privativa de libertad sea menor a cinco años de acuerdo con la legislación penal”.

Jaramillo afirmó que el informe indicaba que se habrían cometido actos contra la seguridad nacional, pero que no conocía detalles.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) alertó este domingo sobre la “detención arbitraria” y deportación del periodista español Bernat Lautaro, quien documentaba las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas del actual Gobierno.

Respecto a las denuncias de agresiones a comunicadores cometidas por la fuerza pública durante las manifestaciones, Jaramillo comentó que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas cumplen los protocolos establecidos en sus labores y, cuando eso no ocurre debe investigarse, porque la violencia no es aceptable.

Las protestas en Ecuador contra medidas del Gobierno de Daniel Noboa entraron hoy en su tercera semana en medio de un estado de excepción y advertencias del movimiento indígena de radicalizar las movilizaciones.

La provincia de Imbabura, en el centro norte del país, ha sido el epicentro de las manifestaciones, aunque en otras localidades de la sierra y la Amazonía han sido escenario de manifestaciones.

Según el monitoreo de la Alianza por los Derechos Humanos, se registraron hasta este 4 de octubre 208 reportes de vulneraciones a los derechos humanos, 112 personas heridas y una persona fallecida, el comunero kichwa Efraín Fuerez.

Las demandas del movimiento indígena incluyen la derogatoria del decreto que puso fin a la subvención al diésel, la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 12 por ciento, rechazo a la Asamblea Constituyente impulsada por el Ejecutivo, y mayor presupuesto para salud y educación.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que las medidas económicas son necesarias e insiste en que no dará marcha atrás con la decisión del diésel ni están dispuestos a dialogar con “una minoría” que no representa al país.

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