Fiscalía federal solicitará prisión a exgobernadora de Puerto Rico

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San Juan, 6 oct (Prensa Latina) La fiscalía federal en Puerto Rico recomendó una sentencia de prisión de un año a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, tras admitir que recibió dinero para su campaña del banquero venezolano Julio Herrera Velutini.

La lectura de sentencia, prevista para el próximo 15 de octubre, la emitirá la jueza federal Silvia Carreño Coll, quien se ha mostrado insatisfecha por la forma en que se ha manejado este caso, ya que tras asumir la presidencia en enero pasado, Donald J. Trump, la Justicia federal en Washington decidió reformular las acusaciones.

La defensa solicitó este mismo lunes un aplazamiento para después del 23 de noviembre, al mostrar objeciones con parte del informe previo a la sentencia de la Oficina de Probatoria, porque incluía hechos del pliego acusatorio original.

Debido a la “seria naturaleza del tipo de corrupción política y riesgo de daño al público”, al recibir para su campaña dinero de un extranjero, Herrera Velutini, en las primarias del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Una sentencia de 12 meses de encarcelamiento es apropiado dado que Vázquez Garced corrompió el proceso de elección de gobernador al aceptar contribuciones a su campaña por parte de un extranjero en violación al Código penal federal”, estableció el Ministerio Público en el memorando de sentencia sometido ante la consideración de la jueza Carreño Coll, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico.

Vázquez Garced, quien el pasado 27 de agosto se declaró culpable por haber violado la Ley federal de Campañas Electorales al aceptar una promesa de parte del banquero venezolano de una aportación a su campaña primaria de 2020, en violación de ley que “amerita un castigo significativo y agresivo”.

“La actividad ilegal de Vázquez Garced y el violentar la confianza pública no ocurrió en un vacío. Desafortunadamente, la corrupción pública en Puerto Rico se ha convertido en una amenaza significativa en la historia reciente”, precisó.

El documento de la fiscalía asegura que durante los pasados 10 años, unas 87 personas fueron sentenciados en el Distrito de Puerto Rico por cargos de soborno federal y corrupción, lo que representa el 2,6 por ciento de las sentencias federales de corrupción pública en Estados Unidos, una tasa desproporcionada ya que la población de Puerto Rico es cerca del uno por ciento del total de la de Estados Unidos.

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