Este lunes, en la provincia amazónica de Pastaza hubo dos escenarios contrastantes. Por un lado, la vicepresidenta María José Pinto entregó títulos de propiedad, maquinaria agrícola, cédulas de identidad y pagos de pensiones en la capital provincial, Puyo, desde donde pidió apoyo a la consulta popular impulsada por Noboa para una Asamblea Constituyente.
En paralelo, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, a quien el oficialismo denunció ante la Fiscalía por el presunto delito de terrorismo, encabezó en la misma ciudad la “Marcha por la Vida y el Territorio”, en la que participaron siete nacionalidades indígenas.
La movilización ratificó las principales demandas del movimiento: la derogatoria del Decreto 126 que eliminó la subvención al diésel, la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 12 por ciento, mejoras en salud y educación, respeto a derechos colectivos y rechazo a la consulta popular.
En la capital del país, también hubo plantones y cierres de vías por protestas, como la ocurrida al sur de la urbe, en el puente de Guajaló.
En otro frente, un tribunal de la provincia de Manabí ordenó el traslado hacia Imbaura, su territorio de residencia, de ocho indígenas detenidos durante las protestas y actualmente recluidos en Portoviejo por el presunto delito de terrorismo.
Ante la advertencia de la Conaie sobre la posibilidad de radicalizar las manifestaciones, el ministro del Interior, John Reimberg, advirtió que las fuerzas del Bloque de Seguridad (Policía y Fuerzas Armadas) “están listas” para contener nuevas movilizaciones.
“No vamos a permitir que nadie altere la paz en el país. Los ecuatorianos no quieren paro”, aseguró.
Por otro lado, en Guayaquil, cientos de personas participaron en la llamada “Marcha de las Antorchas”, que exigió la derogatoria del alza del diésel, la libertad de los detenidos y justicia por la muerte del comunero Efraín Fueres, durante una manifestación.
Tras 15 días, las manifestaciones han dejado un fallecido, más de 80 heridos y un centenar de detenidos.
El Gobierno sostiene que las medidas económicas son necesarias e insiste en que no dará marcha atrás con la decisión del diésel ni están dispuestos a dialogar con “una minoría” que no representa al país.
npg/avr
