“El tema del IVA -que pasó del 12 al 15 por ciento- no aceptamos ponerlo en la mesa de diálogo, al igual que la medida tomada con la eliminación del subsidio al diésel”, sostuvo la ministra de Gobierno, Zaida Rovira​​​.

En entrevista televisiva, la funcionaria se negó al diálogo sobre esos temas, ya que considera que el Ejecutivo ha puesto “todos los incentivos y los hemos focalizado a los sectores que podrían ser perjudicados”.

Rovira rechazó las declaraciones del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlo Vargas, sobre una eventual “toma de Quito” ante la falta de respuestas del Gobierno a las problemáticas que han provocado las protestas.

“No vamos a declinar posiciones en cuanto a permitir que se incendie el país; vamos a ser muy firmes en eso, diálogo con todos los que quieran conversar, pero con aquellos que quieren seguir sembrando el caos y el terror, seremos muy firmes”, dijo la ministra.

Por su parte, Vargas aclaró este lunes que las manifestaciones promovidas por la organización no buscan atacar las ciudades, sino visibilizar años de abandono, pobreza y desigualdad en sus comunidades.

El dirigente, a quien el oficialismo denunció ante la Fiscalía por el presunto delito de terrorismo, afirmó en su cuenta de la red social X que la lucha es “por la vida, la justicia y la paz, no por la violencia”.

“No queremos más desaparecidos ni asesinados por exigir dignidad. Pedimos la derogatoria del Decreto 126 (que eliminó el subsidio al diésel) y el regreso al 12 por ciento del IVA”, escribió Vargas.

En esta tercera semana de manifestaciones, comunidades indígenas de la Amazonía se sumaron a las protestas en el marco del paro nacional con banderas, pancartas y lanzas, símbolos de su identidad y tradiciones culturales, con un llamado a la derogatoria del Decreto 126 que puso fin a la subvención al diésel y otros reclamos.

Para este martes el Pueblo Kitu Kara llamó a una movilización general plurinacional y popular para enfrentar un gobierno que califican de “belicista, intransigente y represivo”, y que, según ellos, sigue la agenda del Fondo Monetario Internacional y de las élites con las que gobierna.

El Gobierno sostiene que las medidas económicas son necesarias e insiste en que no dará marcha atrás con la decisión del diésel ni están dispuestos a dialogar con “una minoría” que no representa al país.

El Ejecutivo alega que los mil 100 millones de dólares que se destinaban al subsidio no beneficiaban a los más vulnerables, sino al crimen organizado.

Mientras la Conaie asegura que el alza del valor de bienes y servicio se elevará y perjudicará a los más pobres, la administración de Noboa defiende la entrega de compensaciones temporales a diversos sectores y bonos de ayuda para 55 mil familias en una situación económica compleja.

npg/avr