La Fiscalía señaló a cinco ciudadanos por el delito de ataque o resistencia, aunque la ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó una demanda por el delito de “tentativa de asesinato al presidente de la República” y por terrorismo.

Los abogados de los aprendidos reclamaron que las aprehensiones fueron ilegales, arbitrarias e inconstitucionales y, finalmente, la jueza Erika Álvarez determinó que la detención fue ilegal por violar el debido proceso, mantenerlos incomunicados, sin lectura de derechos.

El ex candidato presidencial Yaku Pérez, abogado de uno de los detenidos, confirmó la liberación de las cinco personas.

“El Estado como siempre hace uso excesivo de la fuerza contra el Estado Constitucional de Derechos y Justicia”, escribió Pérez en su cuenta de X.

La víspera, cuando el jefe de Estado y su comitiva se dirigían a una actividad en Cañar, un grupo de manifestantes lanzaron piedras y objetos a la caravana oficial como expresión de rechazo a su presencia en ese territorio.

Según la versión oficial, esos actos pusieron en riesgo la integridad del presidente y otros funcionarios, por lo que el Gobierno presentó una denuncia por intento de asesinato a Noboa ante la Fiscalía y la Policía detuvo a las cinco personas ahora liberadas.

En declaraciones a la prensa local, la ministra Manzano mencionó que la víspera unas 500 personas lanzaron piedras a la caravana presidencial y añadió que había “signos de balas en el carro del presidente”.

No obstante, un informe de la Policía Nacional, que reveló este miércoles el diario El Mercurio, indica que no se hallaron “indicios balísticos”, aunque sí hubo impactos provocados por el lanzamiento de objetos contundentes que dejaron un policía y tres militares heridos.

Si bien ese reporte pone en duda la narrativa oficial, varios Gobiernos, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Panamá, Paraguay, Argentina, Guatemala, Italia y otros países han expresado su rechazo al ataque, al igual que organizaciones como la ONU y la Comunidad Andina.

Las protestas en Ecuador se iniciaron el pasado 22 de septiembre tras la eliminación del subsidio al diésel, aunque también existen otros reclamos al Ejecutivo como atención a la salud, educación y seguridad, así como el regreso del Impuesto al Valor Agregado del 15 al 12 por ciento.

El mandatario ha intentado desactivar sin éxito las protestas que llevan ya 17 días consecutivos, con fuertes despliegues de militares y anuncios económicos.

Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organización que impulsa el paro nacional, las movilizaciones “son legítimas, nacen del abandono estatal y la exclusión estructural”.

En tanto, Noboa advirtió hoy que “los terroristas, los violentos, aquellos que quieran sembrar caos en el país para destruir al Estado y la democracia irán a la cárcel”.

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