De acuerdo con el órgano de justicia transicional, también fueron imputados un exfuncionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad y dos civiles, quienes hicieron parte de una organización delincuencial que utilizó la estructura castrense para perpetrar los crímenes en Casanare (este). Los comparecientes fueron señalados como máximos responsables de un patrón de criminalidad relacionado con 318 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como dados de baja en combate en el referido territorio.

Apuntó la fuente que tras un proceso de contrastación judicial en el que se esclarecieron los hechos y conductas más representativos, se determinaron las responsabilidades individuales.

Añadió que también se calificaron jurídicamente los asesinatos y desapariciones forzadas como crímenes de guerra y de lesa humanidad, además de homicidios en persona protegida, conforme al Código Penal.

Los comparecientes, reveló la fuente, reconocieron públicamente su responsabilidad ante las víctimas, la corte y el país.

Según reveló el Tribunal de Paz, mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de los militares.

Ahora, informó, el subcaso pasa al Tribunal para la Paz, donde comenzará la etapa de juicio que culminará con la sentencia y la imposición de Sanciones Propias, un tipo de pena que consiste en realizar acciones restaurativas y reparadoras.

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