Llaman al Congreso de Guatemala a aprobar reformas contra pandillas

Ciudad de Guatemala, 13 oct (Prensa Latina) El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, llamó hoy al Congreso a aprobar de urgencia las dos iniciativas presentadas para combatir las pandillas, a partir también de fuga de 20 reos.

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Ejecutivo, el titular detalló que esas reformas a la Ley son herramientas operativas en el Código Penal, en otras normas y en la creación de condiciones en el Sistema Penitenciario (SP).

Serán para la atención de estos privados de libertad vinculados a maras y pandillas, situación que actualmente no podemos trabajar porque lo establecido no nos autoriza y necesitamos una de urgencia, acotó la autoridad.

Una discusión más amplia de integración y de reformas a la Ley Penitenciaria puede darse pero genera un tiempo normal de discusión, de planteamientos que no nos da para poder operar con la facilidad que dan las reformas propuestas, subrayó.

Insistió al Legislativo que muestre su voluntad política al tomar en serio estas reformas propuestas la semana pasada, y reconoció que la fuga masiva de privados de libertad ocurrida demuestra de forma brutal la premura.

No podemos seguir apagando incendios con leyes de hace tres décadas, el país demanda un SP moderno, seguro y capaz, remarcó Jiménez en el espacio llamado La Ronda.

Afirmó que encontrarán a los 20 prófugos, actualmente 19 (por la captura de uno esta madrugada), y los regresarán a la cárcel de la cual nunca debieron salir.

Me voy a asegurar personalmente que sean los primeros inquilinos de Renovación II, que en las próximas semanas va a ser inaugurada, expresó el funcionario.

Informó a la ciudadanía que el Ministerio de Gobernación destinó tres millones de quetzales (casi 400 mil dólares) para recompensas a quienes lleven a la captura de estos criminales, 150 mil quetzales (cerca de 20 mil dólares) por cada uno.

La fuga confirmada la víspera por la cartera conmocionó a la población, y el sector emprearial, entre otras entidades, calificaron el hecho de grave amenaza a la seguridad de Guatemala.

rc/znc

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