La propuesta, de la diputada federal Lídice da Mata e informado por otra, Rogéria Santos, está pendiente de revisión en el Senado y amplía la prohibición de trabajar en el entorno digital, incluyendo «la producción de contenidos, la publicidad u otras actividades económicas».
También la iniciativa prevé una excepción, sujeta a autorización judicial, para la participación en espectáculos artísticos digitales previamente aprobados, considerando criterios como el carácter cultural o recreativo de la actividad.
Al solicitar una autorización judicial, el juez debe evaluar el consentimiento previo del infante o joven su asistencia a la escuela, la posible exposición comercial abusiva y cualquier remuneración no declarada.
El proyecto de ley establece, asimismo, normas como la jornada laboral máxima, la remuneración, la validez de las autorizaciones y la rendición de cuentas de los tutores.
Para garantizar la protección de la imagen y la privacidad de los menores, el proyecto de ley exige a los proveedores de tecnología que eliminen el contenido a petición de los padres, tutores o del propio menor (mayores de 16 años) en un plazo de 48 horas, independientemente del daño comprobado.
Datos de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indican que el 93 por ciento de los brasileños de entre nueve y 17 años tienen acceso a Internet, y el 83 por ciento mantiene perfiles en redes sociales, incluso en plataformas que generalmente exigen una edad mínima de 13 años.
Además de este proyecto de ley, la Cámara baja aprobó esta semana otros proyectos de ley centrados en la educación y la infancia. La mayoría se tramitaron con carácter de urgencia, lo que permitió su consideración directa en el pleno.
Los diputados aprobaron proyectos de ley que aumentan las penas por delitos de pederastia, regulan las actividades de los niños creadores de contenidos en plataformas digitales y establecen un salario mínimo nacional para los docentes temporales.
Tales iniciativas fueron aprobadas en la agenda del presidente de la Cámara baja, Hugo Motta, en referencia a los días del Niño y del Maestro.
Esta medida se considera un intento de Motta por reafirmar que su administración se centra en los «problemas reales», tras el daño causado por la llamada PEC del Blindaje (Propuesta de Enmienda Constitucional).
Lo anterior alude a una reforma constitucional que busca otorgar mayor protección judicial a los parlamentarios, limitando la capacidad del Supremo Tribunal Federal para iniciar procesos, ordenar detenciones o destituir a diputados y senadores.
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