La FEUE condenó las agresiones contra los jóvenes y la brutal represión ejercida en la noche de este miércoles por parte de policías y militares contra quienes se manifestaban en el marco de las protestas que tienen lugar en rechazo a medidas del Gobierno, como el fin del subsidio al diésel.

Videos difundidos en redes sociales muestran a jóvenes corriendo entre nubes de gas dentro de los predios de la institución.

“Exigimos que la UCE sea declarada zona de paz y el pronunciamiento inmediato de sus autoridades en condena a estos hechos nefastos del gobierno de Daniel Noboa”, afirmó la organización estudiantil.

Este jueves el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador se reunirá para analizar la represión que sufrieron estudiantes la víspera y la “irrupción” en sus instalaciones.

El vicerrector administrativo de la UCE Silvio Toscano señaló que cuentan con informes de lo que catalogó como “ataques brutales” de parte de policías y militares, quienes lanzaron “cantidad de bombas lacrimógenas” hacia el interior del campus.

Toscano mencionó que dio disposiciones para que la Universidad sea un “espacio humanitario de acogida a todos requieren de auxilio, en momentos de conflicto que vive el país”.

Por su parte, la Federación de Profesores de la UCE también expresó su preocupación y rechazo a los “actos de represión” ejercidos por la fuerza pública”.

Ecuador vive hoy el día 25 de las protestas impulsadas por el movimiento indígena, que se han centrado en zonas de la sierra norte del país.

En la provincia de Imbabura, que ha sido el epicentro de las movilizaciones, dirigentes indígenas se reunieron ayer con representantes del Gobierno y presentaron sus peticiones para detener las protestas.

Sin embargo, un grupo de ciudadanos expresó su rechazo a esos acuerdos y reiteraron que se mantendrán en resistencia contra el alza del diésel.

Las protestas iniciadas el pasado 22 de septiembre han dejado hasta el momento tres personas fallecidas, más de un centenar de heridos entre manifestantes y fuerza pública, y también cientos de detenidos, así como denuncias de vulneraciones de derechos.

La administración de Noboa defiende el fin de la subvención al diésel con el argumento que es una medida necesaria para contrarrestar el contrabando de combustible hacia zonas fronterizas de Colombia y Perú, y asegura que los recursos se destinarán directamente a grupos necesitados.

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