Mediante el Diario de CentroAmérica, el Legislativo calificó de indispensable garantizar la continuidad financiera de las asignaciones extraordinarias otorgadas a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).

Ello, acotó, en aras de que numerosos proyectos e infraestructura local queden inconclusos, lo cual afectaría a las comunidades beneficiarias y se perdería la inversión realizada, sin que exista otra fuente monetaria para su conclusión.

Agregó que, para lograr una adecuada gestión y ejecución de los recursos públicos, es necesario reformar las leyes pertinentes, a efecto de propiciar el fortalecimiento financiero institucional de los Codede.

El Gobierno informó el viernes último sobre una acción de amparo presentada en la Corte de Constitucionalidad para que deje sin efecto el Acuerdo 6-2025, que vulnera el derecho al veto presidencial.

Mediante un comunicado, explicó que también buscaba cancelar la votación de la moción privilegiada en el Congreso, la cual dio paso a la norma citada.

“Impulsado por irresponsables posturas de 86 diputados, transgredió el derecho constitucional de veto presidencial”, señaló el Ejectivo.

Se interpretó maliciosamente que el acto de publicación del veto en el Diario Oficial y el establecimiento de un plazo de vigencia eran indispensables para que sea válido, y no únicamente su comunicación formal al Legislativo, amplió.

No es indispensable que sea publicado para que este sea válido, tal como se observa en los tres presidenciales presentados al Parlamento durante la administración pasada, enfatizó.

Insistió que el Decreto 7-2025 es una norma que pone en riesgo la transparencia y eficiencia del gasto, entre otras materias.

El mandatario aseguró que trabajaría para poder alcanzar acuerdos que persigan el desarrollo local, sin sacrificar los esfuerzos por la transparencia y calidad del gasto público, (ya que esto crea bolsones de corrupción, según analistas).

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