El experimentado analista acotó que no se sabe si las marchas seguirán erosionando al gobierno, percibido como la continuidad de la impopular exmandataria Dina Boluarte, aunque eso no signifique necesariamente su caída.

Tuesta agregó que la jornada de la víspera, replicada a nivel nacional, “se erigió como una de las manifestaciones cívicas más significativas de los últimos tiempos”, pues, anota, miles tomaron las calles con determinación, ejerciendo su derecho a la protesta.

Indicó que ese logro fue alcanzado pese a que el oficialismo y sus aliados intentaron deslegitimar la movilización mediante la retórica del miedo, atribuyendo a la jornada fines de subversión y conspiración.

“Al contrario, lo que se vio en las calles fue la voz de un país que se siente defraudado por sus autoridades y que, ante la sordera del poder, opta por la palabra colectiva”, explicó.

Más adelante, Tuesta expresó que “Esta contundente expresión popular revela que cuando las instituciones se vacían de legitimidad, las calles se convierten en el último espacio de representación auténtica”.

En ese contexto, añadió, protestar fue una afirmación de la esperanza de recuperar un país con garantía de respeto al Estado de derecho y para construir una vida digna.

“Quienes persisten en ignorar lo que dice la población deben saber que el mensaje ya está escrito en la conciencia nacional: los peruanos exigen que se vayan todos”, es decir que cesen Jerí y el Parlamento, o sea, “todos los que han hecho del poder un refugio para la impunidad”.

También el diario La República reconoció que la protesta “ha sido masiva, de alcance nacional y, sobre todo, en Lima”, al contrario de lo que sucedió entre fines de 2022 e inicios de 2023, durante las grandes protestas contra el ascenso de Dina Boluarte a la Presidencia.

“Lo de ayer fue la acumulación de frustración, ira y rechazo al mal gobierno, con la corresponsabilidad del Congreso”, agregó.

La República señala que lo de ayer ha sido también “una muestra más de represión indiscriminada, similar a la que se observó en las últimas semanas del gobierno de Boluarte”.

Advierte que en Perú hay “un sentimiento que crece y se transforma en indignación ciudadana”, a lo que el gobierno, a través de la policía, responde con un despliegue represivo “pero es incapaz de responder al crimen organizado”, proteger a la ciudadanía de las extorsiones y evitar que varios de sus miembros se involucren en bandas criminales.

rc/mrs