El total, superior en 891 mil 667 millones de pesos (48 mil 500 millones de dólares) al de 2025, recibió el respaldo de 349 legisladores, el rechazo de 128 y cero abstenciones.
Del monto, cinco billones 838 mil 541,1 millones de pesos (317 mil millones de dólares) corresponden a impuestos, 641 mil 782,1 millones (34 mil 900 millones de dólares) a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social y 39,6 millones (2,1 millones de dólares) a Contribuciones de Mejoras.
Además, 157 mil 81,7 millones de pesos (ocho mil 548 millones de dólares) a Derechos, 16 mil 488,3 millones (897 millones de dólares) a Productos, y un billón 630 mil 973,6 millones (88 mil 758 millones de dólares) a Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.
Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal del próximo año, se proyecta una recaudación federal participable por cinco billones 339 mil 634 millones de pesos (290 mil 586 millones de dólares), detalla un comunicado de la cámara baja.
Según agrega, se autoriza al Ejecutivo, mediante las referidas formas de ejercicio del crédito público, para obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 15 mil 500 millones de dólares.
Además, faculta a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a sus empresas productivas subsidiarias para adquirir un monto de endeudamiento neto interno de hasta 160 mil 619,6 millones de pesos (ocho mil 741 millones de dólares) y uno externo de hasta cinco mil 342,1 millones de dólares.
A su vez, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas productivas subsidiarias podrán obtener endeudamiento interno de hasta ocho mil 764,2 millones de dólares y otro externo de 996 millones.
En el dictamen, la Comisión de Hacienda consideró acertadas las previsiones contenidas en los Criterios Generales de Política Económica, que proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre 1,8 y 2,8 por ciento real anual.
También un tipo de cambio promedio de 19,3 pesos por dólar, una plataforma de producción petrolera de 1,8 millones de barriles diarios y un precio promedio de 54,9 dólares por barril.
Argumenta que la Ley busca consolidar una recaudación eficiente y responsable, mantener la sostenibilidad fiscal sin aumentar impuestos, y fortalecer el gasto público productivo, particularmente en infraestructura, seguridad social, transición energética y proyectos estratégicos.
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