Tras descartar la conciliación, el abogado Frank Campero aseguró que la audiencia se desarrollará de forma virtual desde el penal de San Pedro, donde el rostro más visible de la represión durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez ya fue notificado personalmente.
“Ingresaremos directamente a la audiencia de juicio para obtener una sentencia condenatoria por los delitos de calumnia, difamación e injurias, en las cuales ha incurrido Arturo Murillo cuando era ministro de Gobierno, (…), al presentar a Lourdes Pacheco como secuestradora y delincuente”, declaró el jurista a los medios periodísticos.
Este caso se remonta a 2020, cuando Murillo difundió la imagen de Pacheco como la supuesta raptora de la bebé Samantha, en medio de un escándalo nacional por ese plagio.
Durante la reactivación del proceso, el abogado Campero anunció que solicitará un resarcimiento económico por los daños causados al honor y la reputación de su clienta.
Murillo encara, además, otro proceso por legitimación de ganancias ilícitas en el que el Ministerio Público anunció la presentación de 116 elementos de de convicción.
Sobre esta base, el Tribunal de Sentencia Penal número Seis de La Paz ordenó la detención preventiva, según la fiscal María René Delgado.
La autoridad afirmó que Murillo permanecerá recluido en el penal de San Pedro, sin un plazo definido, mientras se sustancia el juicio oral.
Durante la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público presentó documentos bancarios, registros de transferencias y adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.
Resaltan entre las pruebas certificaciones de transferencias entre cuentas, apertura de cajas de seguridad y movimientos en bóvedas de diferentes entidades financieras.
Añadió la fiscal que Murillo habría utilizado a familiares y a terceros en un intento por legitimar recursos obtenidos ilícitamente.
“Murillo ha recibido dineros provenientes de la intermediación en contrataciones para la adquisición de gases lacrimógenos durante las gestiones 2019 y 2020. Estos fondos fueron depositados en cinco cajas de seguridad o bóvedas bancarias (…)», describió la autoridad.
El extitular acumula en Bolivia tras su regreso como deportado desde Estados Unidos cuatro detenciones preventivas en distintos procesos judiciales.
La primera fue dictada el 6 de septiembre del año en curso en el caso Gases Brasil; 24 horas después se ordenó su reclusión por seis meses en el expediente penal Catering, y el 10 de septiembre se emitió una tercera detención, esta vez por el caso Gases Ecuador, también sin plazo definido.
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