La medida, anunciada anoche por el primer ministro, Ernesto Álvarez, ex presidente del Tribunal Constitucional, y cuya designación fue saludada por la Coordinadora Republicana, un colectivo de abogados y otros profesionales de derecha extrema.

El anunció motivó críticas de quienes sostienen que ya fue aplicada en municipios de Lima y en ciudades del interior, sin haber logrado afectar al desborde de la criminalidad organizada, que ayer sumó tres asesinatos a la larga lista de muertes por sicariato.

La preparación de la medida se desarrolla en el clima de tensión reinante tras la jornada de protesta opositora del miércoles último y la muerte de un manifestante a manos de un policía, según admitió ayer el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, al divulgar el nombre del autor del disparo fatal, Luis Magallanes.

Videos grabados por cámaras públicas muestran a Magallanes vestido de paisano, cuando dispara a la víctima y cae por el impacto de la bala, tras lo cual aparece en escena el policía Raúl Saavedra, quien dispara al aire y se retira por donde huyó su colega.

Pese a la evidencia, el ministro del Interior Vicente Tiburcio declaró que la culpa de Saavedra está pendiente de la investigación abierta por el Ministerio Público y, al ser contrastado con el anuncio de Arriola, dio a entender que se debe proteger a la Policía y preservar su moral.

Entretanto, la parlamentaria progresista Sigrid Bazán presentó en el Congreso una denuncia constitucional, por la referida muerte, contra el presidente Jerí, el primer ministro y el titular del Interior.

La denunciante señala que los tres funcionarios violaron cuestiones fundamentales como la integridad física, la protesta y la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos.

Bazán dijo que los tres imputados son “responsables políticos de la muerte de Mauricio Ruiz y la violenta represión a decenas de civiles; no vamos a permitir que quienes dan las órdenes queden impunes”.

El primer ministro Álvarez acotó a su vez que el tema debe dilucidarse en una investigación y que es la primera vez que un gobierno identifica al autor del disparo fatal y demuestra que no dio órdenes de disparar ni de portar armas, según dijo.

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