“Rechazamos de forma categórica el ataque con elementos contundentes que se han lanzado en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde han resultado heridos cuatro uniformados de la Policía”, declaró el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, cuyos pronunciamientos replicó W Radio.
Según el funcionario, hacia las 15:30 (hora local), un nutrido grupo de personas, algunas de ellas encapuchadas, llegó a la sede diplomática del país norteño con artefactos incendiarios y flechas por lo cual fue necesaria la intervención de la Policía.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro aseguró en su red social X que ordenó el máximo cuidado con la sede estadounidense en Bogotá.
“Mal que después de llegar a un acuerdo con el “Congreso de los Pueblos” para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la embajada con varios jóvenes heridos con flechas”, lamentó.
En respuesta, ese grupo argumentó también en redes sociales que su protesta frente a la Embajada de los Estados Unidos es beligerantemente pacífica porque su propósito es “denunciar el genocidio que se comete contra el pueblo palestino y la amenaza que se cierne sobre toda Latinoamérica”.
Afirmaron haber acudido con banderas, libros y bastones de mando, y que algunos de sus miembros “portan sus arcos y sus flechas ancestrales como mecanismos de defensa”.
También alegaron ni siquiera pudieron llegar a una cuadra de dicho establecimiento debido a que fuerzas del orden «atacaron la manifestación», integrada en su mayoría por representantes de pueblos indígenas.
“Respetamos los acuerdos alcanzados con su Gobierno y esperamos que el Gobierno haga lo propio”, sentenció la comunicación.
El gobierno de Colombia y el movimiento Congreso de los Pueblos llegaron hoy a un arreglo en cuanto a las demandas de los integrantes de ese grupo, que desde hace cinco días se instalaron en el campus de la Universidad Nacional y en las inmediaciones de cinco sedes ministeriales.
En el transcurso de esta semana protagonizaron protestas que autoridades locales calificaron como desobediencia civil.
Una de ellas consistió en impedir el cobro del peaje Bogotá-Facatativá y dejar a los vehículos pasar libremente.
Esa manifestación, según divulgaron, era en contra del empresario Luis Carlos Sarmiento, quien, a través de su conglomerado financiero, tiene monopolio sobre concesiones viales y peajes en Colombia.
“Es el mismo que se roba la plata de nuestra pensión en empresas privadas de seguro, luego ese dinero lo utiliza para realizar obras viales y desangrar los fondos públicos del país, beneficiando a unas pocas familias de la burguesía en Colombia”, expresaron.
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