Según el exmagistrado Edgardo Molina, la responsabilidad no recae únicamente en el Legislativo, pues corresponde a la Contraloría y al Ministerio de Economía y Finanzas garantizar el cumplimiento de la resolución judicial.

Actualmente, 52 suplentes se encuentran en plantilla, cada uno percibiendo un salario que varía entre dos mil y cinco  mil dólares mensuales, según su función y cercanía con el titular, a pesar de que el Supremo prohibió esa remuneración en 2017.

Molina explicó al diario La Prensa que la Corte tiene un rol directo en garantizar el cumplimiento de sus decisiones, además advirtió que la resolución es de carácter vinculante y que todas las instituciones involucradas deben actuar conforme a la ley para evitar violaciones a la normativa vigente.

La suma de los salarios de los suplentes de todas las bancadas del Legislativo supera los 117 mil 300 dólares mensuales, según los registros disponibles, lo que equivale a más de 1.4 millones de dólares anuales.

Son sueldos destinados a personal cuyo rol es, en gran parte, eventual y que, según la prohibición judicial, no deberían percibir remuneración alguna, pero que siguen apareciendo en los libros contables de la Asamblea Nacional.

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