La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) acusó al funcionario la víspera del delito de falsedad ideológica y giró varias órdenes de captura, una de ellas contra el exministro de esa cartera Óscar Cordón.
El titular de ese ente investigativo, Rafael Curruchiche, afirmó al revelar algunos detalles del caso que presentarían una solicitud para retirarle la inmunidad al actual titular de ese organismo, Joaquín Barnoya.
El Ministerio Público (MP) busca aparentes anomalías en un convenio por siete mil 274 millones 272 mil quetzales (casi 945 millones de dólares) que suscribió el Gobierno del mandatario Bernardo Arévalo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Mediante un comunicado, la cartera de Salud calificó las acusaciones sin fundamento y expuso que la auditoría financiera del ejercicio fiscal 2024 realizada por la Contraloría General de Cuentas descartó algún elemento negativo en el convenio.
Reiteró su disposición a colaborar con las instancias de investigación que correspondan, según el debido proceso. Sin embargo, negó aceptar intimidaciones y advirtió utilizará los mecanismos disponibles para ejercer el derecho de defensa.
Llamó a la ciudadanía a estar vigilante “porque está en juego el Estado de Derecho del país, elemento vital para asegurar el bienestar, que incluye la salud, de millones de guatemaltecos”.
Aseguró seguirá desarrollando sus programas de salud con la máxima transparencia, fiscalización interna y externa, y rendición de cuentas ante los organismos competentes y la ciudadanía.
La analista política independiente, Claudia Villagrán, expresó que se pueden esperar más escándalos como estos, porque lo que están buscando (el MP) es generar momentos de inestabilidad.
La gente va a ir perdiendo más confianza en una justicia imparcial. Y creo que casos como el de las vacunas Sputnik (contra la Covid-19) no van a salir en esta administración del ente investigativo, señaló en declaraciones a Emisoras Unidas.
Un reporte del diario local La Hora recordó los años transcurridos desde que se destapó ese tema del fármaco en la gestión de Alejandro Giammattei (2020-2024) sin que la misma FECI o cualquier otra fiscalía moviera un dedo para avanzar.
Arévalo acusó a la fiscal general, Consuelo Porras, de punta de lanza del Pacto de Corruptos en la nación, insistió en removerla, y la tensión entre ambos resulta bien notoria.
Comentó este martes que ella sabe que se le acaba el tiempo (mayo de 2026) y por más que den patadas de ahogado, la fecha se acerca.
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