Las acusaciones fueron presentadas por partidos como el Liberal, el Socialismo y Libertad, de los Trabajadores (PT) y Novo, e incluyen figuras de diversas organizaciones políticas.

Entre los destinatarios de las imputaciones aparecen, junto al descendiente de Bolsonaro, Guilherme Boulos, quien recientemente asumió el cargo de ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

Tales querellas son resultado de cargos que buscan responsabilizar a diputados por declaraciones y comportamientos considerados inapropiados.

Por ejemplo, desde febrero, Eduardo Bolsonaro enfrenta una denuncia del PT ante la violación del decoro parlamentario.

En una acción firmada por el entonces presidente interino Humberto Costa, el PT lo acusa de difamar reiteradamente a las instituciones estatales, con especial virulencia contra el Supremo Tribunal Federal y sus ministros, a quienes llamó públicamente milicianos con togas y dictadores.

Junto con el bloguero Paulo Figueiredo, el diputado fue imputado por la Fiscalía General por coacción durante el juicio contra Bolsonaro padre, finalmente condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado.

La Fiscalía General inculpa además al legislador y a Figueiredo de amenazar a las autoridades con la promesa de obtener sanciones de las autoridades estadounidenses.

Según el PT, la conducta de Eduardo Bolsonaro violó los principios del Código de Ética, pues constituyó una incitación a perturbar el proceso electoral y un intento de someter la jurisdicción nacional al escrutinio de potencias extranjeras.

También hubo actos de hostilidad al orden constitucional y al Estado Democrático de Derecho, así como la utilización del mandato como plataforma para la desestabilización institucional.

De igual manera, el PT argumenta que la inmunidad parlamentaria no protege la conducta del hijo de Bolsonaro, pues esta solo garantiza la inviolabilidad de opiniones, palabras y votos.

La diversidad de objetivos refleja en Brasil la actual polarización política, con representantes de diferentes espectros ideológicos en la mira.

El resultado de estos análisis podría impactar el panorama político, pues las decisiones del Consejo de Ética pueden conllevar sanciones que van desde advertencias hasta la revocación de mandatos.

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