El jefe de Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Dávila, reconoció ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional (Parlamento) que la muerte de Fuerez, ocurrida el 28 de septiembre en el contexto de las movilizaciones, “excede lo que corresponde al uso progresivo de la fuerza”.
El comunero, de 46 años, recibió impactos de proyectiles durante un enfrentamiento entre manifestantes y la fuerza pública durante el paro convocado hace un mes por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
El general Dávila confirmó que los militares que vieron el video de la muerte de Fuerez y la agresión al amigo que lo protegía tienen abierto un proceso interno, además de una investigación judicial .
“Personal que se involucre en este tipo de actos u otro tipo de actos delincuenciales o delictivos, no podemos separarle al día siguiente de la institución, porque violentamos otras normas del debido proceso y del derecho a la defensa”, dijo el oficial.
Indicó que al menos 12 mil militares participaron en dos mil operaciones durante el levantamiento, que comenzó el 22 de septiembre y hoy fue suspendido por parte de la Conaie ante “la brutal represión ordenada por el Ejecutivo”.
La Comisión de Seguridad del Legislativo, de mayoría oficialista, impulsa una investigación sobre la violencia ejercida por la fuerza pública durante las protestas, aunque otras dos mesas parlamentarias, lideradas por la oposición, buscan también fiscalizar las vulneraciones de derechos.
Las movilizaciones contra la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas del Ejecutivo dejaron tres muertos, cientos de heridos y detenidos, afirmó la Conaie.
“Exigimos al presidente Daniel Noboa desmilitarizar nuestras comunidades, liberar a los detenidos y reparar a las familias de las víctimas”, reclamó la organización, que aseveró que la “lucha no termina”.
El movimiento indígena aseguró que continuarán las asambleas territoriales se prepararán para la campaña por el No a la consulta popular y referendo del 16 de noviembre venidero, cuando irá a las urnas a decidir sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente y otros temas polémicos, como la instalación de bases militares extranjeras.
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