Por Mario Hubert Garrido

De acuerdo con la decisión del Consejo de Gabinete, la víspera, la nueva institución estaría adscrita al Ministerio del Desarrollo Social ( Mides) que encabeza Beatriz Carles.

La entidad sería la encargada de coordinar y ejecutar la política nacional destinada a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Según dijo Carles a la prensa, la propuesta busca una estructura más eficiente y técnica, que permita consolidar la rectoría de las políticas públicas dirigidas a las mujeres.

Carles agregó que se mantienen los recursos asignados al Ministerio de la Mujer, y que a través del Instituto se busca una mejor gestión, mayor eficiencia, evitar duplicidades y ampliar el alcance de los programas, en coordinación con otras instituciones.

Asimismo, se conservarán los albergues, centros de atención integral a nivel nacional, servicios de psicología y trabajo social, así como las líneas de denuncia y el aplicativo móvil.

El Inamu ya existía antes de la creación del Ministerio de la Mujer en octubre de 2023 por el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024).

Para algunos analistas ahora vuelve el instituto en medio de los atroces asesinatos a dos mujeres hace una semana en el interior del país que desató el enojo de la ciudadanía, incluyendo el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien condenó la violencia doméstica .

También la feminista Mariela Arce estimó que hace días el país se escandalizó por nuevos casos de femicidios perpetrados a la luz pública y nadie las defendió.

En ese sentido, pidió que prime la decencia y la justicia en la Asamblea Nacional (parlamento) y no apruebe el proyecto de ley.

Apenas el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció esta posible medida en conferencia de prensa en julio pasado, un comunicado de la Convergencia Nacional de Mujeres por Panamá y la Defensa del Ministerio, señaló que “en un país donde abundan estructuras opacas, cargos clientelistas y gastos superfluos, presentar el Ministerio de la Mujer como un ‘lujo’ o una ‘duplicidad’ es profundamente deshonesto”.

Entre las que rechazaron el proyecto sobresalen además la exministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo (2020–2024) , y la extitular de la Mujer, Juana Herrera, quienes estimaron que la propuesta degrada institucionalmente esta entidad.

Para Castillo, se trata de un retroceso institucional y una amenaza al compromiso del Estado con los derechos de más de la mitad de la población.

La exfuncionaria recordó que la creación del ministerio fue una conquista histórica del movimiento de mujeres, concretada el 8 de marzo de 2023 con la sanción de la Ley 375.

Añadió que, en su primer año de funcionamiento, se lograron avances importantes como la formulación de la Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 2024–2034 y la Agenda Económica de las Mujeres Rurales.

“La igualdad de género no es un programa social; es una política de Estado”, subrayó.

Asimismo, recordó que Panamá ha asumido compromisos internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing (1995), que instan a los Estados a fortalecer su institucionalidad de género.

“Eliminando el Ministerio se enviaría un mensaje peligroso: que los derechos de las mujeres son prescindibles”, advirtió.

En tanto, Herrera calificó la medida como “un grave retroceso en la protección de los derechos de las mujeres y sostuvo que este ministerio no es solo una estructura administrativa, sino un espacio vital para miles de féminas, especialmente para víctimas de violencia, madres solteras y las indígenas que han encontrado apoyo , refugio y oportunidades a través de sus servicios.

Además hizo un llamado urgente a que las mujeres organizadas del país levanten la voz, a los organismos internacionales —como ONU Mujeres y la OEA— a pronunciarse, a las diputadas y diputadas a defender la existencia del Ministerio, y a los frentes de mujeres de todos los partidos a unirse y coordinar acciones.

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