El plazo comienza un día después de la publicación del laudo completo en el Diario Oficial Electrónico.

La reclamación no tiene el potencial de anular las condenas, sin embargo, con base en explicaciones específicas, los dictámenes podrían, por ejemplo, ser ajustados.

De acuerdo con el procedimiento penal brasileño, esta primera apelación no altera el contenido de la resolución, dictada el 11 de septiembre, pero sirve para corregir posibles errores técnicos o de coherencia en el documento final.

Una segunda instancia de apelación podría ser presentada en un plazo adicional de 15 días, esta vez enfocada en el fondo de la condena.

Tras la divulgación del veredicto, se acerca el inicio de la ejecución penal, momento en el que los penados comenzarán a cumplir sus castigos.

Condenado por golpista a 27 años y tres meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro permanecerá en arresto domiciliario hasta el inicio del cumplimiento punitivo, que comienza una vez agotados todos los recursos contra la sentencia de la primera sala de la corte.

El STF, máxima corte del país, no tiene plazos legales definidos para responder a los recursos, aunque en casos de alto perfil político suele hacerlo en tiempos relativamente breves.

Concluidos los trámites, el juzgado superior deberá ordenar la ejecución definitiva de las penas y determinar el régimen de cumplimiento para cada uno de los condenados.

La condena del Bolsonaro, de 70 años, es el resultado de una larga investigación iniciada tras los intentos de desestabilización institucional que siguieron a las justas comiciales de 2022, en las que Luiz Inácio Lula da Silva resultó vencedor.

Durante el proceso, la Fiscalía General sostuvo que el líder de la derecha alentó y respaldó acciones para desconocer los resultados en urnas, lo cual culminó en los ataques a las sedes capitalinas de los Tres Poderes, el 8 de enero de 2023.

Con la sentencia ya publicada y los plazos corriendo, el sonado caso Bolsonaro se encamina hacia su fase final, con implicaciones políticas y sociales que probablemente seguirán repercutiendo en Brasil durante los próximos años.

mem/ocs