Jamie Raskin (demócrata por Maryland), del Comité Judicial, y Robert García (demócrata por California) del Comité de Supervisión, lideran la pesquisa.
Trump sugirió que el Departamento de Justicia (DOJ) le pague 230 millones de dólares en daños y perjuicios por sus investigaciones anteriores.
Aunque los demócratas carecen de la facultad de citar al mandatario republicano para que responda a sus preguntas, esto señala una nueva área de búsqueda que sus investigadores probablemente retomarán si lograran recuperar el control de la Cámara Baja en las elecciones de medio término de 2026. Raskin y García solicitan que se entregue una amplia gama de documentos, incluidas las reclamaciones administrativas que Trump ha presentado ante el DOJ y cualquier correspondencia entre sus abogados y los del Departamento sobre las demandas.
También quieren que les faciliten la correspondencia entre la Casa Blanca y funcionarios del DOJ, así como cualquier memorando interno o análisis legales sobre las reclamaciones.
«Su plan de que sus obedientes subordinados” del DOJ instruyan al Tesoro de Estados Unidos a pagarle, personalmente, cientos de millones de dólares “es un intento indignante y escandaloso de extorsionar al pueblo estadounidense», escribieron ambos en una carta a Trump.
«Le instamos a que renuncie públicamente a su plan y le asegure al pueblo estadounidense que su presidente no se está embolsando cientos de millones de dólares a su costa», enfatizaron.
El martes desde la Casa Blanca, el presidente dejó caer que «sí, probablemente me deben mucho dinero», al referirse a las investigaciones federales y estatales que enfrentó tras su primer periodo en el cargo y que tal parecían iban a poner en peligro su futuro político.
Resulta una situación que «no tiene comparación en la historia estadounidense» que el presidente de Estados Unidos busque indemnización del mismo gobierno que encabeza, apuntó el diario The New York Times.
Trump llegó a ser imputado por casi un centenar de cargos entre estatales y federales en un espiral de causas y ahora aquellos adversarios políticos que estuvieron relacionados de una forma u otra a su larga cola de entuertos los trata de llevar a la justicia, entre ellos la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, acusada formalmente por presunto fraude hipotecario.
También fueron imputados el exdirector del FBI James Comey, una piedra en el zapato en su campaña electoral de 2016 por el tema de la trama rusa, y su exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, que de colaborador pasó a ser uno de sus principales críticos.
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