En un comunicado de la Cancillería, se analizó que, a pesar de carecer aún de validez jurídica, es contrario al derecho internacional y, en particular, de la Opinión Consultiva del 19 de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, que determina que la ocupación es ilegal.

Añadió que la iniciativa en la Knesset va en contravía del espíritu del plan de paz estadounidense, que abre una oportunidad para alcanzar estabilidad duradera en la región y a los principios recogidos en la Declaración de Nueva York para la implementación de la solución de los dos Estados.

En esa línea, remarcó que el Gobierno de España reitera su condena a la expansión de los asentamientos, ilegales según el derecho internacional, y a cualquier iniciativa para impedir la implementación de la solución de los dos Estados, única vía para una paz duradera en la región.

Al respecto, expresa su profunda preocupación por la situación en Cisjordania, con la violencia impune de los colonos, las operaciones militares, y la estrategia pública de expansión de asentamientos, todos ellos obstáculos para alcanzar la paz y la seguridad.

Por otro lado, el Ejecutivo español saludó el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)que da respuesta a la petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las obligaciones de Israel como miembro de ONU y potencia ocupante en el territorio palestino ocupado.

El dictamen incluye importantes pronunciamientos de la Corte sobre las obligaciones de Israel como la obligación de cooperar plenamente con la ONU y de respetar sus privilegios e inmunidades; sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, que incluyen garantizar la asistencia humanitaria.

Asimismo, facilitar la acción de Naciones Unidas incluida UNRWA (la agencia para los refugiados palestinos), la protección del personal humanitario y médico, respetar la prohibición del uso del hambre como arma de guerra y la prohibición de desplazamientos forzosos de población.

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