Mediante una carta manuscrita y divulgada por medios de prensa locales, el expresidente y el extesorero de la reconocida organización ancestral subrayaron que les secuestraron la libertad por defender la democracia y respetar la transición de poderes del Estado.

“Haber cumplido con nuestro servicio comunitario y el mandato de nuestro pueblo Totonicapán en el año 2023 no es DELITO”, remarcaron el el texto.

Nuestros derechos humanos (sociales, psicológicos y económicos) los siguen violando al no darnos un proceso justo, señalaron, en abierta referencia a un caso demorado en las audiencias y bajo reserva por parte del Ministerio Público (MP).

Fuimos autoridades indígenas de 48 Cantones de Totonicapán en el año 2023 y respetamos las decisiones de las asambleas comunitarias, así como otros líderes originarios, describieron.

¿Hasta cuándo y cuánto tiempo más nos tendrán privados de libertad siendo inocentes?, expresaron.

Agradecieron al pueblo de Guatemala por sus oraciones para con ellos y aseguraron que por el país están confiados para tener una vida digna.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado los detuvo el 23 de abril pasado, primero a Pacheco en el marco de un allanamiento en un inmueble ubicado en la zona 1 de esta capital.

Posteriormente los ligó a proceso los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal, mientras luego les añadió el de asociación ilícita.

Diversas organizaciones denunciaron aquí el retraso de las audiencias contra los exlíderes indígenas y manifestaron respeto y reconocimiento a ambos.

Repudiaron la persecución arbitraria del MP, encabezado por Consuelo Porras, en contra de quienes protestaron pacíficamente por los abusos de poder, la corrupción y la impunidad.

La situación que enfrentan, según analistas (sin juez para seguir con el caso y la reserva), impide gravemente su derecho de defensa y limita el acceso de la ciudadanía a conocer los detalles de la acusación.

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