El mandatario hizo el anuncio la víspera y argumentó que el Estado uruguayo cayó en un “fraude” o “estafa” porque el armador presentó una garantía que se presume falsa y fue otorgada por una firma en proceso de liquidación en el Reino Unido, entre otras irregularidades.

La administración anterior, del presidente Luis Lacalle Pou, había firmado un acuerdo con el astillero español por un total de 92 millones de dólares por la construcción de dos patrullas oceánicas.

De ese total ya fueron transferidos unos 30 millones de dólares.

“Es necesario cuidar los intereses del país y de la sociedad, cosa que otros claramente no hicieron. Hay que ir al fondo para conocer todas las responsabilidades”, escribió el senador frenteamplista Nicolás Viera en su cuenta de X.

Otro senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, sostuvo que la situación de Cardama “es de una irresponsabilidad absoluta por parte de la administración pasada”.

“A estas cosas nos referíamos cuando hablábamos de cráteres, bombas y el campo minado que nos entregaron cuando asumimos la responsabilidad de gobernar nuevamente nuestro país. Muy bien el presidente Yamandú Orsi y todo nuestro equipo, una vez más haciéndose cargo y tomando las decisiones que hay que tomar”.

De esta manera escribió el senador Daniel Caggiani, coordinador de la bancada del FA.

Orsi calificó la situación como un hecho de “gravedad”, por el que decidió iniciar acciones para rescindir el contrato de la empresa Cardama y presentar denuncias penales ante la justicia.

Así lo anunció la víspera en conferencia de prensa junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz.

Por su parte el ex ministro de Defensa, Javier García, en cuyo mandato se firmó el contrato naval, calificó la decisión gubernamental de “maniobra política de la peor especie”.

Nunca quisieron las patrullas por razones políticas, suscribió en su cuenta en X, en un texto que divulgó a su vez Lacalle Pou.

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