El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, será el encargado de presentar la demanda en Fiscalía
El presidente Yamandú Orsi anunció el miércoles en conferencia de prensa, junto Díaz y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el inicio de las acciones para la rescisión del contrato con Cardama por irregularidades con la garantía.
Hasta el momento se realizaron tres transferencias al astillero, por una suma de 30 millones de dólares en total, que el empresario español Mario Cardama alega se utilizó para la compra del acero y maquinarias para la construcción de las embarcaciones.
Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento, pero el plazo venció y no lo hizo.
La empresa garante era Eurocommerce Limitada, con sede en el Reino Unido y en cuyo domicilio funcionaba una inmobiliaria, en proceso de liquidación y que no registra actividad.
Además de la denuncia en Fiscalía, las autoridades anunciaron una investigación administrativa en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco República.
“Si hay irregularidades por irresponsabilidad de un funcionario público del Estado uruguayo también debe investigarse”, expresó la víspera el senador por el Frente Amplio (FA), Nicolás Viera.
“Hay que ir hasta el hueso en todos los caminos, no solamente con la empresa, sino con todos aquellos que tuvieron que tomar responsabilidades y estamparon la firma”.
Así dijo en conferencia de prensa luego de una reunión de los legisladores del FA con el secretario de Presidencia, el Prosecretario, el presidente del Frente, Fernando Pereira y la vicepresidenta Carolina Cosse.
Viera dijo que la bancada frenteamplista no apurará una investigación del asunto del Parlamento, inmerso por ahora en la discusión para la aprobación de la ley de presupuesto quinquenal.
Además, se refirió a las declaraciones del exministro de Defensa, el actual senador nacionalista Javier García, quien señaló que lo anunciado por el gobierno era “una maniobra política”.
Javier Díaz, en su condición de ministro, fue el firmante del contrato con Cardama en 2023, durante el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, quien mantiene silencio sobre el asunto.
“Es una falta de respeto para el pueblo uruguayo decir que el presidente de la República se presta para una maniobra baja desde el punto de vista político, cuando están en juego 90 millones de dólares del pueblo uruguayo”, comentó el senador Nicolás Viera.
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