Cuando faltan menos de dos semanas para la consulta popular y referendo convocado por el mandatario ecuatoriano, Acosta advirtió sobre los riesgos de redactar una nueva Carta Magna, como propone el gobernante en una de las cuatro preguntas que aparecerán en la papeleta el 16 de noviembre venidero.

“Nuestra coyuntura nos avoca a una posible Constituyente, aunque no sabemos con claridad qué propone el presidente, parecería que está pidiendo un cheque en blanco. Ya anticipó que quiere 180 artículos, pero no sabemos exactamente qué quiere”, señaló el analista este martes en conversación con medios de comunicación.

Acosta, primer presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, redactó el texto constitucional vigente desde 2008 y recordó que la actual ley de leyes establece límites a privilegios económicos y protege derechos colectivos.

En su opinión, quieren cambiar esas disposiciones, pues “ponen en riesgo sus privilegios y por esas razones buscan de una u otra manera echar abajo lo que establece la Constitución, como la posibilidad de suscribir un tratado de libre comercio con la Unión Europea”.

Además, advirtió que el país nunca fue muy atractivo para la inversión extranjera, excepto en minería y petróleo, y que la nueva propuesta busca sobreproteger a inversionistas extranjeros por encima de los nacionales.

En ese sentido, criticó la posible intención de eliminar consultas ambientales libres, previas e informadas, y derechos de la naturaleza, establecidos.

El economista también cuestionó la intención de permitir el retorno de bases militares extranjeras al país.

“El afán es acceder a una base militar clave geoestratégica, no para proteger la integridad del Estado ecuatoriano ni combatir el narcotráfico, sino para que Ecuador asuma un papel de peón en este ajedrez de la geopolítica internacional”, afirmó.

Acosta recordó que la Constitución vigente limita el acaparamiento de tierras y agua, regula la banca y establece herramientas para construir una sociedad más equitativa.

“La (Constitución) de Montecristi no permite la estructura de dominación que garantiza la acumulación y que beneficia a unos pocos, eso les incomoda”, aseveró.

Por otro lado, la investigadora docente argentina Luciana Ghiotto alertó sobre el peligro que implicaría incluir -como ya intentó Noboa en una consulta popular anterior- la posibilidad de arbitrajes internacionales.

La experta indicó que los tratados con compañías extranjeras se centran principalmente en la explotación de recursos naturales y los arbitrajes para resolver litigios casi siempre priorizan la protección de inversiones por encima de los derechos de las comunidades.

A su momento, Noboa defendió hoy en una entrevista radial que una Constituyente permitirá “reordenar el Estado y devolver el poder al ciudadano”.

De acuerdo con el mandatario, su proyecto no busca “acumular poder, sino modernizar un sistema disfuncional”.

La última palabra la tienen los ecuatorianos, que el próximo 16 de noviembre acudirán a las urnas a decidir su futuro.

Además, de pronunciarse sobre si desean una nueva Constitución y también deberán responder preguntas cuyos efectos pueden ser más inmediatos, como la instalación de bases militares, la reducción de legisladores y el fin del financiamiento estatal a partidos.

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