La semana pasada el presidente Yamandú Orsi anunció el inicio de procesos administrativos y judiciales para denunciar el convenio sobre la compra de dos patrullera oceánicas, firmado durante el gobierno anterior.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reiteró las irregularidades en la garantía del contrato, que considera “un indicio fuerte de estafa al Estado

«Vamos a recorrer los caminos jurídicos que establece el contrato, para resolver estos problemas que tenemos en este caso con el contratista, que era el que estaba obligado a presentar una garantía 30 días antes y no lo hizo», apuntó.

«El gobierno tomó la decisión de desencadenar los mecanismos administrativos para rescindirlo», con «todos los espacios que el contrato establece, de mediación, de discusión, de presentarse en los estrados judiciales», manifestó.

Acotó que el convenio establece «la posibilidad de una mediación» y «se va a utilizar».

Por su parte el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, argumentó que la garantía presentada por el empresario español Mario Cardama no debió haber sido aceptada por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, firmante del contrato.

Pereira aseguró que la preocupación por la garantía de Cardama la debería tener no solo el Frente Amplio y el gobierno, sino el resto de los partidos políticos. Si alguien quiere engañar al Estado uruguayo, los partidos políticos uruguayos tienen que defender al Estado uruguayo», acotó en referencia a ataques desde el Partido Nacional y el expresidente Lacalle Pou al presidente Orsi por rescindir el contrato con Cardama. El dirigente frenteamplista calificó de irrespetuosas las declaraciones de Lacalle Pou contra Orsi, de quien dijo “se pasó de rosca” y se dejó “arrastrar” para convertir el asunto de las patrulleras en una «operación política».

«Nosotros no vamos a permitir desde el Frente Amplio ni que se ofenda al presidente de la República ni que se lo trate de manera poco adecuada», enfatizó Fernando Pereira.

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