Entre los participantes estarán los ministros Rui Costa (jefe de Gabinete), Ricardo Lewandowski (Justicia y Seguridad Pública), Gleisi Hoffmann (Relaciones Institucionales) y Sidônio Palmeira (Secretario de Comunicación).
Lula regresó anoche de un viaje a Malasia, donde conversó telefónicamente con Rui Costa para recibir información inicial sobre la situación en Río.
En la reunión de este miércoles, además de recibir actualizaciones sobre la crisis, se espera que refuerce ante los ministros la prioridad de impulsar las medidas gubernamentales.
La más destacada de estas iniciativas, hasta el momento, es la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) sobre Seguridad Pública, que amplía las facultades de la Policía Federal (PF) para combatir los delitos ambientales y los de repercusión interestatal e internacional.
Presentada por el Gobierno en abril, la PEC avanzó poco en la Cámara de Diputados debido a la resistencia de los gobernadores, que temen perder fuerza en la lucha contra el crimen.
Además, el Ejecutivo tiene previsto enviar en los próximos días un Proyecto de Ley Anti-Facción, que incluye puntos como el aumento de las penas y una mayor posibilidad de confiscar los bienes de los líderes de organizaciones criminales.
La seguridad pública se considera uno de los puntos débiles del discurso de Lula. Esta percepción se agravó después que afirmara la semana pasada que los narcotraficantes son «también víctimas de los consumidores», lo cual generó críticas de diversos sectores.
El vicepresidente Geraldo Alckmin ya había convocado la víspera una reunión de emergencia.
Según un comunicado emitido por el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, durante la cita, la PF y las fuerzas militares reiteraron que «no hubo consulta ni solicitud de apoyo al Gobierno del estado de Río de Janeiro para la operación».
La acción del martes también desencadenó un nuevo enfrentamiento entre autoridades y el gobernador de Río, Cláudio Castro, afín a la oposición.
Castro declaró ante la prensa que el Gobierno negó haber enviado vehículos blindados al territorio para combatir el narcotráfico en operaciones policiales y acusó a la administración federal de no dar respuestas concretas a las solicitudes del estado.
«Todos los días tenemos un motivo, sin ánimo de ofender, para que (el Gobierno federal) no coopere», refirió.
En una nota, la cartera de Justicia destacó que mantiene la Fuerza Nacional en Río desde octubre de 2023, con su presencia garantizada hasta diciembre, medida renovable.
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