En una comparecencia en la sede del Ministerio Público (Fiscalía), en Tegucigalpa, Zelaya expuso los 24 audios presentados hace una semana por el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Marlon Ochoa.
El consejero, representante en el CNE del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), interpuso una acusación ante la Fiscalía sobre un hipotético plan del llamado bipartidismo -encarnado por los partidos Nacional y Liberal- para sabotear los comicios y generar una crisis postelectoral.
Según reveló el titular del ente acusador del Estado, las “grabaciones demuestran plenamente la existencia de una asociación ilícita entre una consejera del CNE, un diputado y un militar activo de las Fuerzas Armadas (FFAA)”.
“El CNE es una institución de seguridad nacional y cualquier intento deliberado para alterar, obstruir o manipular los resultados electorales constituye un atentado directo contra la democracia, un delito de traición a la patria y se castiga con una pena de prisión de 15 a 20 años”, advirtió.
Los audios involucran a la consejera Cossette López, magistrada del derechista Partido Nacional en el ente electoral, al jefe de la bancada parlamentaria de esa agrupación, Tomás Sambrano, y a un militar de las FFAA cuyo nombre no fue identificado.
“El Ministerio Público comunica al pueblo hondureño el inicio de una investigación rigurosa sobre los graves crímenes denunciados y contenidos en las grabaciones recibidas”, enfatizó el fiscal general.
Instruyó a varias fiscalías especializadas y a la Dirección Policial de Investigación para que lleven a cabo las pesquisas respetando el debido proceso.
Además, pidió “asegurar la cadena de custodia de los audios, realizar las pericias correspondientes, documentar los indicios electrónicos y citar a los testigos”.
Zelaya aseguró la autenticidad de los audios aportados por el denunciante y recordó que el orden constitucional y el estado de derecho son bienes jurídicos superiores a cualquier interés privado, particular o cualquier interés económico.
“Estamos salvaguardando el proceso electoral y es una necesidad que el pueblo hondureño lo sepa porque de callar, yo también sería parte de estos actos”, subrayó.
En declaraciones a periodistas el pasado miércoles, el consejero de Libre adelantó que las evidencias entregadas a la Fiscalía contienen, en esencia, información que delata un plan para desarticular y destruir la jornada cívica comenzando el propio día de la cita con las urnas.
Los denunciados, precisó Ochoa, utilizarían las vocerías de la observación nacional e internacional para deslegitimar la contienda del último domingo de noviembre e intentarían interferir en el transporte de materiales de los comicios y en el sistema de transmisión de resultados preliminares, acentuó.
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